La oposición no logró revertir el veto al financiamiento universitario
SIN NÚMEROS. La Libertad Avanza (LLA) consiguió las 84 voluntades necesarias para sostener el veto de una ley que buscaba recomponer los salarios de los docentes.
En la Cámara de Diputados, la oposición no logró los dos tercios necesarios para mantener la ley de financiamiento universitario votada por el Congreso, por lo que se dejó firme el veto presidencial, mientras afuera se movilizaban miles de estudiantes y docentes.
Si bien los los bloques de la UCR, Encuentro Federal, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, la izquierda y el kirchnerismo lograron reunir 159 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió las 85 voluntades necesarias para sostener el veto.
Apoyaron la postura oficialista PRO y Creo, además de tres diputados radicales y tres tucumanos de Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
También pidió votar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, haciendo uso de un artículo que le permite participación de una votación.
Hubo, al mismo tiempo, 5 abstenciones: de los cuatro diputados por Misiones de Innovación Federal: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa; y del radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con el presidente Javier Milei.
Así, el oficialismo consiguió blindar un nuevo veto del presidente Javier Milei, tal como sucedió con el veto a la ley de movilidad jubilatoria. En ese momento fueron 87 legisladores los que lograron sostener el veto, a los que Milei calificó de "héroes".
LA LEY
Surgió de un reclamo universitario que se arrastra desde el comienzo del año, a raíz de las partidas presupuestarias desactualizadas. Para mejorar esta situación, fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado.
La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía "actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales".
Asimismo, encomendaba al Gobierno a "recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo".
También indicaba que "desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación" informada por el Indec.
