Una multitud marchó en defensa de la universidad pública
FRENTE AL CONGRESO. La convocatoria fue en reclamo al veto que Javier Milei anunció que habrá sobre la ley de financiamiento universitario aprobado por el Congreso.
Miles de personas se reunieron en la Marcha Federal Universitaria para defender la educación pública y del sistema científico frente al recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei y ante la amenaza del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobado por el Congreso.
Estudiantes, egresados, docentes y directivos marcharon en distintas columnas hasta la Plaza Dos Congresos, donde se leyó un documento común. El epicentro es en la Plaza de Congreso, pero la movilización se replica en 50 ciudades del país, y además de gremios docentes y no docentes, centros de estudiantes, y ciudadanos independientes, participan gremios de la CGT y la CTA, movimientos sociales y agrupaciones políticas que van desde la izquierda, el kirchnerismo, otros espacios del peronismo, un sector de la UCR y la Coalición Cívica, entre otras fuerzas.
La expresidenta Cristina Kirchner respaldó la Marcha Federal universitaria que se realizaba en todo el país y destacó que la educación pública y gratuita garantizó el "ascenso social que nos permitió ser una Argentina diferente" y que, dijo, "vamos a volver a conquistar".
"Soy hija y tributaria de la universidad pública, nacional y gratuita", destacó la ex mandataria al ingresar al Instituto Patria, ubicado a metros del Congreso, donde a las 17 se concentrará la movilización estudiantil.
EL DOCUMENTO
"La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia" es el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto central frente al Congreso firmado por tres organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario: la FUA (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores).
"La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios", señala el texto.
"Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo", dice.
Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico
Y suma: "La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia.
"Las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, desmantelando, uno a uno, los pilares que lo sostienen", afirma el texto.
"El Sr. Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario!", cierra.
DE QUÉ SE TRATA LA LEY QUE VETARÍA MILEI
La norma obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales, programas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y extensión en las universidades.
En cuanto a salarios, la iniciativa establece la obligatoriedad de recomponer lo perdido desde el 1 de enero de 2024 y luego actualizar hasta el 31 de diciembre de forma mensual de acuerdo a la variación de precios informada por el INDEC.
Para el resto de los ítems se estipula una actualización bimestral. La ley, de no vetarse, generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
