Peña Nieto no militarizará la seguridad interior hasta que se pronuncie la corte

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la ley que permite la participación del Ejército en la seguridad interior pero dijo que no la usará hasta que la Suprema Corte decida su constitucionalidad, frente el rechazo de diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se informó hoy.

"Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad", expresó el mandatario durante la 43ra reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La ley, que fue publicada ayer y entra en vigencia hoy, legitima la labor de los militares en tareas para combatir el crimen, algo que las Fuerzas Armadas realizan desde hace más de una década en México tras ser sacadas de sus cuarteles en la llamada lucha contra el narcotráfico bajo el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

Entre otras cosas, la norma establece que, a pedido de autoridades estatales, el presidente podrá emitir una declaratoria de protección de seguridad interior para que las fuerzas federales -que incluyen a las Fuerzas Armadas- intervengan en una zona determinada para combatir la inseguridad que los gobiernos locales no puedan afrontar.

Peña Nieto señaló que aunque la Suprema Corte evaluará la constitucionalidad de la ley, eso no significa que las fuerzas federales dejarán de ayudar en zonas donde se les necesite, citaron medios locales y las agencias de noticias DPA y EFE.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de la seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan", añadió.

La aprobación de la ley en el Congreso fue lamentada y criticada por organizaciones como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA), entre otras, que consideran que la medida solo perpetúa la militarización del país.

Hasta ahora colectivos civiles y grupos de derechos humanos pedían al presidente no promulgar la ley y exigían su posterior derogación.

En México se registraron unas 150.000 muertes violentas y más de 30.000 desaparecidos en una déc