El supremo español abre una chance para que independentistas presos participen de campaña electoral

La decisión del Tribunal Supremo español de enviar a prisión con fianza a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, distendió el clima político en Cataluña y disparó hoy la posibilidad de que los ex miembros del gobierno catalán depuesto sean excarcelados para participar de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre. 

Forcadell ingresó anoche en la prisión madrileña de Alcalá Meco, de donde podría salir en las próxima horas tras reunir los 150.000 euros de fianza que le impuso el juez instructor Pablo Llanera, en contra del criterio de la Fiscalía, que exigía prisión incondicional para la líder secesionista.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal organización civil independentista que Forcadell lideró hasta que se convirtió en candidata, anunció que pagarán su fianza y la de los otros cuatro miembros de la mesa directiva de la cámara que quedaron en libertad pero que deben consignar 25.000 euros para no ingresar a prisión.

El sexto imputado y el único no independentista, Joan Josep Nuet, quedó en libertad sin ninguna medida cautelar.

Esta mañana el abogado de Forcadell depositó la fianza, con lo que ahora el juez debe dictar la orden de excarcelación y comunicarla a la prisión.

El Tribunal Supremo dictó las medidas cautelares contra Forcadell y la mayoría de los acusados tras tomarles declaración ayer por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por haber permitido la sanción de las leyes secesionistas de Cataluña y la declaración de independencia del pasado 27 de octubre, que llevó la intervención de la región.

La clave de la decisión del magistrado fue que los acusados acataron expresamente la legalidad vigente, es decir, que Cataluña está intervenida por el Ejecutivo central español y el ex presidente Carles Puigdemont no se encuentra al mando, como dice él mismo desde el "exilio" en Bélgica y defienden los militantes independentistas.

Además, en su resolución, el magistrado subrayó que no sólo asumían la intervención vía artículo 155, sino que "todos los querellados, manifestaron que o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

El juez argumentó así que "no existe un riesgo elevado de reiteración delictiva", en contra de lo que sostenía el Ministerio Público, que pretendía enviar a prisión a la mayoría de los acusados sin fianza, siguiendo el mismo criterio que mantuvo con los ex miembros del gobierno catalán depuesto encarcelados la semana pasada por la Audiencia Nacional de España.

La medida del alto tribunal muestra una discrepancia con la polémica decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien envió a prisión sin fianza al vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros del gobierno catalán depuesto.

De hecho, podría beneficiar a estos últimos al tratarse de un criterio más favorable para los imputados si el Supremo finalmente reclama unificar toda la investigación.

Cuando se admitió a trámite la querella contra los miembros de la mesa del Parlamento -que deben ser juzgados por un tribunal superior por contar con fueros- el tribunal ya se mostró dispuesto a quedarse con la causa al considerar que el delito de rebelión no se puede investigar de forma disgregada.

Esta decisión abriría la puerta al excarcelamiento de los principales líderes independentistas, quienes podrían salir de prisión para hacer campaña, una posibilidad que el gobierno español de Mariano Rajoy ve con buenos ojos, ya que bajaría la tensión.

"Creo que hay voluntad, aunque no es fácil", afirmó hoy Joan Josep Nuet, el acusado que quedó en libertad sin medidas cautelares, al referirse a la posibilidad de que el Supremo libere al resto de imputados para que puedan participar de la campaña electo