En medio de la polémica, Salta adhirió al protocolo de aborto no punible

A partir del escándalo que se generó por el caso de una niña de 10 años que fue violada por su padrastro y quedó embarazada, la provincia decidió adherir a la normativa recomendada por la Corte Suprema.

Producto de las críticas, el Gobierno de Salta debió dar marcha atrás con su posición y modificó la legislación vigente en la provincia que imponía restricciones a la práctica del aborto legal por motivos de violación o de peligro de vida de la madre.

Tras el repudio generalizado que provocó la decisión oficial de impedirle a una niña de 10 años, violada por su padrastro, acceder a un aborto seguro, el gobernador, Juan Manuel Urtubey adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado por la Corte Suprema.

Ahora la niña podrá decidir sobre si continuar o no con el embarazo tal como lo estableció la Corte Suprema en el fallo FAL que no estipula plazos para que una mujer pueda acceder al derecho de la interrupción del embarazo en casos de violación.

En Salta, en casos de violencia sexual, hasta ahora un protocolo provincial establecía que sólo se podría interrumpir el embarazo hasta la semana 12, límite que no rige en otras provincias. A través del decreto 548/18 esta normativa se modificó.

La decisión de Urutbey estuvo impulsada por el reclamo de cientos de miles de personas de todo el país y por el debate público que se generó en torno al caso.

Ante este escenario, el gobernador salteño reconoció que en la decisión “se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad