Los choferes presentaron un proyecto de comunicación en Lomas, Lanús y Echeverría para exigirle al Gobierno y la Justicia medidas concretas para reestablecer el servicio.
Los trabajadores en el Concejo Deliberante de Lanús

La lucha de los trabajadores de Expreso Lomas no se detiene. Después de reunir más de 50 mil firmas en un petitorio, los choferes impulsaron un proyecto en los Concejos Deliberantes de la región para que los cuerpos legislativos de cada Municipio exijan a la Justicia y al Gobierno medidas concretas a fin de restablecer el servicio de las líneas de colectivo 112, 165 y 243.

El expediente ingresó en la mayoría de los recintos con el apoyo de Unidad Ciudadana y el aval del Frente Renovador. El texto solicita en su artículo Nº1 al Juzgado Civil y Comercial Nº 14 la defensa de los puestos de trabajo y la reanudación del servicio, y en su artículo Nº 2 la intervención de los Ministerio de Trabajo y de Transporte en el conflicto.

“El proyecto de comunicación es para que nos den alguna respuesta, ya que la empresa está intervenida judicialmente y el caso fue enviado a la Corte Suprema de Justicia, pero actualmente está todo trabado”, aseguró el delegado de los trabajadores Hugo Wurtz.

Desde el 12 de marzo, las líneas de Expreso Lomas dejaron de circular a raíz de una medida de fuerza que adoptaron los choferes ante las “malas condiciones” en las que debían trabajar y la falta de colectivos. De la flota de 140 unidades que tenía la empresa, funcionaban 16.

A partir de ahí todo entró en un terreno de incertidumbre. El caso se encuentra judicializado y desde la Justicia y el Ministerio de Transporte afirman que están de manos atadas.

“A pedido del juez, el Ministerio no puede dictar caducidad de la línea para volver a licitarla. Venimos pidiendo audiencia con el juez, que hasta ahora fue negada (ya se solicitó tres veces). Pero por el momento no podemos hacer otra cosa que acatar lo que dice la Justicia”, explicaron voceros del área de Transporte.

Mientras tanto los trabajadores no bajan los brazos para defender más de 400 puestos de trabajo y un servicio público esencial que beneficiaba a más de 50 mil pasajeros.