Se abrirá un canal de diálogo para analizar, entre otras cosas, la posibilidad de que la Casa Rosada entregue un bono, reabra las paritarias y amplíe las partidas a los comedores.

Dirigentes de la cúpula de la CGT se reunirán este lunes con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para abrir un canal de diálogo y discutir posibles medidas que sirvan para descomprimir el conflicto en las calles en medio de la delicada situación que atraviesa el país.

La semana pasada, en articulación con los movimientos sociales y sectores de la Iglesia, los secretarios generales de la central obrera, Carlos Acuña y Héctor Daer le reclamaron al presidente Mauricio Macri a través de una carta pública la “urgente” declaración de la emergencia alimentaria.

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El pedido, sumado al acampe de distintas agrupaciones en la 9 de Julio, empujó a la Casa Rosada a analizar distintas propuestas para hacer frente a la crisis. En carpeta están la posibilidad de reforzar las partidas de los comedores barriales, habilitar la revisión de las paritarias o la entrega de un bono no remunerativo para los trabajadores registrados.

Las medidas serían complementarias al margen del paquete que anunció Macri tres días después de la derrota en las PASO, que contempló una ampliación del gasto de $40 mil millones para ofrecer un plus salarial, aumentos de planes sociales, la suspensión del cobro del IVA en alimentos de la canasta básica y exenciones fiscales para las pymes.

En la reunión, de la que podría participar el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se podría alcanzar un principio de acuerdo para dar una respuesta a los principales pedidos de distintos sectores sociales. “Si en el peor de los casos la inflación de agosto y septiembre suma 10 puntos, recién entonces se abrirían las paritarias o el bono”, explicó un funcionario.

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En el Poder Ejecutivo, señalaron, tampoco quieren “causar un estrés” en las cuentas públicas en un momento en el que distintas áreas “no están bien”.

Mientras tanto, en el Congreso se debatirá esta semana la posibilidad de unificar en un único proyecto la “emergencia alimentario” que puede contemplar una expansión del gasto público cercana a los $8.000 millones para políticas alimentarias.