Tras el escándalo por los aportantes truchos, el fiscal federal Ramiro González solicitó el levantamiento del secreto fiscal sobre empresas sospechadas de haber aportado en 2015.
El juez Ariel Lijo ahora deberá decidir si avanza con las pesquisas.

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación judicial para esclarecer si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015 y le pidió al juez Ariel Lijo que ordene una serie de medidas.

El planteo fue hecho sobre la base de los testimonios de la causa en la que se probó que beneficiarios de planes sociales y algunas empresas fueron utilizados por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires como falsos contribuyentes en las legislativas de 2017.

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Al solicitarle medidas de prueba al juez Lijo, el fiscal requirió los balances de los gastos de campaña electoral de 2015 de Cambiemos, además de informes a los gobiernos nacional y porteño, y el levantamiento del secreto fiscal a empresas investigadas.

El escrito hace mención a “e-mails y planillas de Excel relativos a proveedores en donde se podían observar llamativas citas tales como ‘IVA si corresponde’, ‘pagos cash’, etc”. Algunos de ellos «recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis”.

Las maniobras ilegales consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias “en negro” durante la campaña electoral, como «el desvío de recursos desde el Ente de Turismo» de la ciudad de Buenos Aires “con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015”.