En una sesión exprés, en la que no faltaron dardos cruzados entre el oficialismo y la oposición, el Senado sancionó por unanimidad la ley que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria, que permitirá incrementar un 50% las partidas presupuestarias destinadas a planes alimentarios y de nutrición para los sectores más vulnerables.

La iniciativa fue aprobada por los 61 senadores presentes, a partir del acuerdo político alcanzado la semana pasada entre el oficialismo y la oposición. Afuera, a pesar de que se esperaba que el proyecto sea avalado con el impulso de todos los bloques, organizaciones sociales acamparon desde la mañana frente al Congreso.

Acordaron una sesión corta.
Acordaron una sesión corta.

La emergencia alimentaria, en realidad, está vigente de 2002. La ley sancionada unifica distintos bloques de la oposición y la extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. Según algunos cálculos, el impacto de la norma ascendería a los $ 10.000 millones, si se toma como base los fondos presupuestados ejecutados hasta el 31 de agosto último.

La sesión estuvo cruzada por un clima de tensión contenida de manera artificial, como consecuencia del acuerdo entre todas las bancadas para evitar exacerbar la crisis social.

No obstante, el debate no estuvo exento de discusiones políticas. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, aseguró que el país está "ante la carnalidad de la visibilidad del hambre" y reprochó que el Gobierno no haya aumentado las partidas por decreto.

El jefe del bloque oficialista, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), salió al cruce de las acusaciones del kirchnerismo, recordándoles los indicadores sociales que dejó en 2015, cuando abandonó el poder. Fue el momento de mayor tensión del debate.

"Al final, si hablamos de pobreza en el año 2015, cuando nos hicimos cargo, la pobres tenían un indicador del 30%, el 34% de los argentinos en situación de precariedad e informalidad y 50% de los chicos no habían terminado la secundaria", sentenció