Tras el pago de lo adeudado por el Gobierno, el organismo volverá a desarrollar su destacado trabajo de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
El EAAF se financia a través de un convenio de cooperación con el Estado.
El EAAF se financia a través de un convenio de cooperación con el Estado.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde hace casi 35 años trabaja en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, anunció a través de un comunicado que retomará sus tareas tras el pago de lo adeudado por el Gobierno.

“El trabajo ya está normalizado. Agradecemos mucho las distintas muestras de apoyo, solidaridad y ayuda que recibimos en estos días. Desde el EAAF reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con las familias que buscan a sus seres queridos y con la justicia que investiga delitos complejos. Nos quedan 16 soldados caídos en Malvinas por identificar, seguimos buscando desaparecidos de la dictadura y participamos en numerosos casos actuales como peritos”, indicó ahora Luis Fondebrider, miembro fundador y director ejecutivo del EAAF.

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El organismo se financia a través de un convenio de cooperación con el Estado, pero hace poco más de una semana tuvo que cancelar sus trabajos en Argentina debido a la demora por parte de la administración Cambiemos en liberar los fondos comprometidos por las investigaciones realizadas durante el 2018, algo que debería haber sucedido en octubre pasado.

El retraso del desembolso puso en vilo las tareas que el equipo viene realizando en el país de forma ininterrumpida desde 2005, como la identificación de los soldados caídos en la guerra de Islas Malvinas que fueron enterrados como NN en el cementerio de Darwin; la búsqueda de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones forzadas o causas complejas como el atentado a la AMIA.

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La noticia de la suspensión de las actividades del organismo por falta de pago por parte del Estado fue replicada por la prensa internacional. Y el tiempo que el Gobierno mantuvo en alerta al organismo desató la preocupación y el repudio de diversos sectores y organismos de Derechos Humanos.