Los diputados del Frente de Todos Carlos Heller y Darío Martínez encabezaron la defensa del proyecto y describieron el país que dejó Cambiemos.

El Frente de Todos logró habilitar la sesión de la Cámara de Diputados con el número justo: 129 con el apoyo de los interbloques Federal, presidido por Eduardo “Bali” Bucca; y Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por José Luis Ramón. Y a las 15.05, Sergio Massa, presidente del cuerpo, abrió el debate. Hay 130 oradores y se espera que la votación sea a la madrugada, tras unas 14 horas de sesión.

Ningún diputado de Juntos por el Cambio estuvo en su banca. En tanto, Nicolás Del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, estuvo presente en el recinto e incluso estuvo sentado en su banca, pero se paró segundos antes de que Massa declarara abierta la sesión, por lo que no dio quórum.

La sesión empezó pasadas las 15.
La sesión empezó pasadas las 15.

Los diputados del Frente de Todos Carlos Heller y Darío Martínez encabezaron la defensa del proyecto de ley de emergencia pública y advirtieron sobre la herencia económica que dejó la gestión de Cambiemos.

Heller sostuvo que el título del proyecto, que refiere a la “solidaridad social” y a la “reactivación productiva”, es “una definición en sí misma”. El flamante diputado leyó pasajes de los argumentos del proyecto del Ejecutivo y destacó que “uno de los primeros objetivos que tenemos por delante es desterrar el hambre, reducir la desigualdad y volver a crecer”.

“El escenario que recibimos nos plantea urgencias”, insistió el legislador, y repasó algunos indicadores de la anterior gestión, entre ellas que “el PBI per cápita cayó estos cuatro años entre un 9% y un 10%”.

“La emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino, y ésta es la deuda interna que ha dejado el estado con sus habitantes.”

Por su parte, Martínez, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, enfatizó que “la economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante”.

“La emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino, y ésta es la deuda interna que ha dejado el estado con sus habitantes”, sostuvo el neuquino.

A continuación, habló del “52% de inflación acumulada, la más alta de los últimos 28 años”, y de “una pérdida del poder adquisitivo del 20% en los jubilados”, que “en los trabajadores es aun más alta”, según “datos del recuperado Indec”.

Por parte de la oposición, el diputado del Pro y expresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Luciano Laspina denunció este jueves que con la ley de emergencia pública habrá “jubilados de primera y de segunda”, a la vez que advirtió que el gobierno de Alberto Fernández tendrá “la suma del poder público”.

¿QUÉ INCLUYE?

La iniciativa contempla la declaración de la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Entre sus puntos principales, la ley fija la suspensión por 180 días de la fórmula de movilidad jubilatoria y también de otros regímenes especiales, y faculta al Ejecutivo para durante ese tiempo fijar aumentos trimestrales “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”.

En lo que respecta a los salarios, el proyecto indica la facultad para “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.

Por otra parte, se crea el nuevo impuesto PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por “cinco períodos fiscales”. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.

Sobre la declaración energética, el Ejecutivo estima un plazo de seis meses para renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por un año del ENRE y el ENERGAS, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para PyMEs.