AVANZA EL JUICIO El abogado querellante Claudio Yacoy hizo hincapié en las atrocidades sufridas por las víctimas en los cuatro centros clandestinos de detención investigados.
La querella que representa al Municipio de Avellaneda pidió ampliar las imputaciones para los represores imputados en el Juicio Brigadas, que unifica los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el Infierno de Lanús, el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo.
Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos de Avellaneda y representante de las víctimas cautivas en "El Infierno", adhirió al pedido de ampliación de las imputaciones para 12 de los 15 represores que se había planteado el pasado 5 de septiembre.
"Adhiero a la ampliación formulada por la fiscal Ana Oberlin y las demás querellas. También ampliar respecto de los imputados en este proceso, por su rol funcional tanto en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda-Lanús como en el Pozo de Banfield", expresó el letrado.
"Corresponde poner especial énfasis en el imputado Luis Horacio Castillo por su rol funcional en el Pozo de Banfield y conjuntamente en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que denominaron El Infierno", añadió. Cabe recordar que Castillo había sido oficial inspector de la Policía Bonaerense en las décadas de 1970 y 1980. Nunca estuvo formalmente vinculado al terrorismo de Estado, hasta que sobrevivientes de El Infierno lo reconocieron y nombraron en distintas declaraciones en causas por delitos de lesa humanidad. La investigación determinó que había cumplido funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús y en el Pozo de Banfield.
"Diversas víctimas, sin distinguir sexo, han sido víctimas de delitos sexuales, delito aberrante y de lesa humanidad. Quedó probado en este juicio que las víctimas eran sometidas a torturas físicas e interrogatorios inhumanos", dijo al respecto Yacoy.
Por otro lado, solicitó ampliar los cargos "sobre los abusos sufridos por dos víctimas de La Noche de los Lápices, María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone, que siguen desaparecidas". Además, pidió también que se amplíen la imputaciones por los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por ser funcionarios públicos, por mediar violencia y amenazas, en concurso real con allanamiento ilegal para más de 30 víctimas.
Yacoy también marcó el macabro vínculo entre el centro clandestino de detención de Lanús y el cementerio. "Tristemente se probó la conexión entre El Infierno y el cementerio municipal, donde en el sector 134 el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses halló a víctimas enterradas como NN", apuntó.
Finalmente, el abogado querellante adhirió también al pedido que días atrás realizó la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, de considerar como víctimas a los niños y niñas abandonados o dejados encerrados luego de ver cómo las fuerzas represivas se llevaban a sus padres.