ALREDEDOR DE 40 MIL USUARIOS A LA DERIVA Los dueños de la empresa Rosario Guaraní le echan la culpa a la Justicia, por las sanciones que le aplicó, y apuestan a conseguir ayuda del Gobierno.
Desde hace un mes la línea de colectivos 145 no funciona. Sus tres ramales se encuentran totalmente paralizados y alrededor de 40 mil pasajeros tienen que buscar alternativas para viajar todos los días. La empresa Rosario Guaraní, a cargo de la operación, le echa la culpa a la Justicia por las sanciones que le impuso, y apuesta a conseguir ayuda del Estado.
Los problemas en la línea se profundizaron desde que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó la clausura el predio que la compañía tiene a la altura de Camino Negro e Itatí por presuntas irregularidades en la aplicación de los protocolos contra el Covid-19 y secuestró y embargó unas 10 unidades en total.
La situación se produce en el medio de una descarnada guerra judicial entre los actuales dueños y Grupo Dota, que antes estaba a cargo de la 141, y una interna sindical entre dos corrientes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
En este escenario la realidad de la empresa es cada vez más complicada. Desde hace 45 días no tiene ingresos; como sus colectivos no circulan, el Ministerio de Transporte no le bajó el dinero de los subsidios y, según pudo saber La Unión, este mes sus 263 trabajadores solo cobrarán el 20% de su salario. Costear sus gastos se les hará imposible.
Desde la compañía anunciaron que esta decisión se adoptó "en virtud de garantizar el alimento" de sus empleados. Lo cierto es que hoy el sueldo inicial de un colectivero no llega a los $45 mil en mano con todos los descuentos. Si un trabajador recibe apenas $9.000 no es difícil imaginarse lo complicado que será pasar este mes.
A través de un comunicado el último viernes, la empresa Rosario Guaraní consideró que la decisión del juez Villena es "injusta" e "inexplicable". "Desde el 6 de noviembre, una situación judicial mantiene paralizada la línea 145. Estas medidas afectan enormemente a los usuarios, a los trabajadores y también a la empresa", señalaron.
En ese sentido, desde la familia Zbikoski recordaron que "la empresa invirtió más de U$S10 millones" después de ganar una licitación para restaurar el servicio que no funcionaba desde principios de año por los problemas que arrastraban sus dueños anteriores, de la MAYO SATA, y que a mediados de septiembre restauraron "270 puestos de trabajo".
"El Presidente remarcó ante la UIA la necesidad de 'volver al mejor de los capitalismos' para lograr que la Argentina crezca en unidad y aseveró que 'el Estado va a estar presente para ayudar a los que lo necesiten' (...) ¿No es un precio demasiado alto, por haber apostado al crecimiento y al trabajo?", se preguntaron desde la Rosario Guaraní.
El mensaje puede ser leído como un pedido por elevación al Gobierno nacional y al Ministerio de Transporte para que interceda en medio de esta situación y facilite una salida. Los trabajadores desde hace semanas vienen pidiendo volver a trabajar. "Queremos garantizar nuestra fuente de laburo", le dijo a La Unión Juan Carlos Tomé, delegado.
"Hoy no sabemos lo que puede llegar a pasar (...) Estamos llegando a una época muy importante del año que son las fiestas, y creo que todos queremos pasarla bien. Al no trabajar se suma la posibilidad de que no nos bajen los subsidios para pagarnos los sueldos, y si esto se extiende, qué sé yo, nos podemos quedar sin trabajo también", advirtió.
El lunes pasado protagonizaron una masiva movilización en la puerta del Juzgado Federal N° 1 en pleno centro de Lomas. Contaron con el apoyo de delegados de distintas líneas alineados con la conducción de la UTA que responde a Roberto Fernández y lo que consiguieron fue la promesa de que habrá una reunión "en los próximos días".
Pero todavía la convocatoria no llega y la línea sigue sin funcionar.
CRÓNICA DE UN CONFLICTO SIN FIN
Desde que la línea fue adjudicada por el Ministerio de Transporte a la UTE Nuestra Señora del Rosario, integrada por dos empresas de la familia Zbikoski, el conflicto en la 145 recrudeció. MAYO SATA, con el apoyo de la DOTA, impugnó la licitación y a partir de ahí empezaron los tironeos y el fuego cruzado entre los empresarios para quedarse con el servicio.
Pero los problemas para los trabajadores vienen desde mucho antes. Cuando la ex141 era controlada por MAYO SATA estuvieron varios meses sin cobrar y las condiciones laborales distaban mucho que desear. Por eso, en julio de este año, el Ministerio de Transporte decidió quitarle el permiso de concesión y se la adjudicó a los nuevos dueños.
A partir de eso, comenzaron una serie de inconvenientes que hicieron que la reanudación del servicio en septiembre sea complicada. Se demoró la entrega de los aparatos del sistema SUBE, también la autorización para circular a distintas unidades y hasta hubo un primer impedimento de parte del Municipio para que el predio de Itatí pudiera abrir.
Después surgieron distintas marchas de choferes alineados con la Agrupación Juan Manuel Palacios, enfrentada con la conducción de Roberto Fernández en la UTA, y hace un mes llegó la resolución del juez Villena. Clausuró el predio de Itatí y Camino Negro por presuntas irregularidades en la aplicación de los protocolos contra el Covid-19.
Desde la Rosario Guaraní aseguran que "no hubo" un caso de Coronavirus dentro la empresa y que detrás de la denuncia hay una "clara intencionalidad política". Le apuntan a la DOTA y a la Agrupación Juan Manuel Palacios por estar detrás de todo. "Se quieren quedar con el recorrido", sostienen.
Tomé asegura que este escenario no solo perjudica a los trabajadores sino también a los usuarios. "Nosotros vemos las quejas. Hay gente que en lugar de tomarse un solo colectivo hoy por ahí tiene que tomarse dos y hasta tres, y eso representa un perjuicio en la parte económica también", indica. Por insiste al juez que de una respuesta cuanto antes.
"Es una cosa muy complicada lo que estamos viviendo. Nosotros como ya tuvimos bastantes inconvenientes con el predio se estaban haciendo obras y uno sabe que un predio no se hace así, de un día para el otro. Entonces quizá la Justicia puede agarrar y decirle a la empresa que tiene un plazo determinado, para dentro de seis meses para hacer toda la infraestructura y después que venga a controlar, pero mientras tanto queremos salir a trabajar", apunta.