SIGUE TRAS LAS REJAS Héctor Coquean está acusado de manejar una red con fines de explotación sexual y de liderar una red delictiva que protegía narcos y cobraba coimas.
La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prórroga por un año de la prisión preventiva que pesa sobre Héctor Mario Coquean, el extitular de la comisaría de Llavallol que está detenido acusado de manejar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba sobre un tramo de la Ruta 4, conocida como Camino de Cintura.
En un fallo suscripto por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, el Tribunal homologó la prórroga de la prisión preventiva, dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata. La defensa del ex Policía de la Bonaerense había interpuesto un amparo pero la Justicia no le dio lugar al pedido de los abogados.
Coquean estuvo a cargo de la comisaría 4° de Lomas de Zamora al menos durante tres años hasta 2016. Pero se cree que el sistema que implementó funcionó hasta 2017. Recaudaba $60 mil diarios en coimas para permitir que un grupo de mujeres ejercieran la prostitución y facilitar que travestis fueran usados como dealers siempre durante la noche.
Recaudaba $60 mil diarios en coimas para permitir que un grupo de mujeres ejercieran la prostitución y facilitar que travestis fueran usados como dealers siempre durante la noche.
Los miembros de la organización eran muy violentos con las mujeres que no querían pagar la coima. El "canon" iba de los $250 a los $400 independientemente si las víctimas asistían o no a su lugar de trabajo. El encargado de recaudar no era policía, pero se hacía pasar como el jefe de calle de la seccional de Llavallol. Reunía el dinero y se lo llevaba al oficial de servicio, que se lo entregaba en mano al comisario.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal: "Se estima que (Coquean) ordenaba, controlaba y se beneficiaba económicamente de la actividad que tenía como fin la explotación de, al menos, 19 mujeres en extrema situación de vulnerabilidad, aprovechándose de la impunidad que tanto él como los otros imputados creían que derivaba de sus cargos".
Las víctimas tenían entre 18 y 50 años. Eran de distintas nacionalidades: peruanas, paraguayas y argentinas. Once se identificaron como mujeres cisgénero y el resto como mujeres trans. Algunas de ellas refirieron que habían comenzado a ser explotadas sexualmente antes de alcanzar la mayoría de edad. Todas expresaron miedo a posibles represalias.
Para los fiscales que intervinieron en la causa, a lo largo de la investigación quedó demostrado que tanto Coquean, al igual que otros 16 policías, se beneficiaron económicamente de la explotación sexual de las víctimas haciendo cada uno un "aporte esencial" en el delito de trata de personas.
De ese esquema delictivo Coquean logró tener un nivel de vida muy superior al de un comisario inspector de la Bonaerense. Una casa en el barrio privado Los Robles, de Monte Grande, una cupé Chevrolet preparada para correr picadas, un Toyota Corolla valuado en $ 500.000 son sólo algunos de los bienes atribuidos al ex jefe de la seccional de Llavallol.
En mayo de 2019, la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitaron la elevación a juicio del caso, pero todavía Coquean logró esquivar de todas las maneras posibles el momento de sentarse en el banquillo de los acusados para recibir su condena.