Buenos Aires dejó sin efecto el protocolo para la atención de abortos no punibles
.
El gobierno bonaerense considera que aún resta consultar sobre su implementación a las áreas de Justicia, Desarrollo Social y Derechos Humanos, entre otras.
El gobierno bonaerense dejó sin efecto el protocolo para la atención de abortos no punibles.
Lo hizo a través de la resolución 2095 publicada hoy en el Boletín Oficial, que, tras transcribir la adhesión al protocolo para la atención de abortos no punibles, anuncia al final que esa resolución fue dada de baja porque no se realizó la consulta a otras áreas de gobierno para su puesta en marcha.
Concretamente se detalla que deben girarse las actuaciones para que se expidan los ministerios de Desarrollo Social, Justicia, Trabajo, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Asesoría General de Gobierno, para que emitan opinión fundada sobre su contenido. Consideran que esas "intervenciones y los consecuentes informes son condición esencial para la definición de los términos, contenido y alcance del citado protocolo".
La polémica que concluyó con la oficialización hoy de este rechazo al Protocolo se inició semanas atrás, cuando la ministra de Salud provincial, Zulma Ortíz, firmó la adhesión al texto, que elaboró Nación el año pasado.
De inmediato la propia gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, salió a aclarar que la provincia ya contaba con un protocolo en ese sentido, que transcribía lo fijado por la Corte Suprema de Justicia en su histórico fallo del 2012, en el que fijó el alcance de esa figura y que no pondría en marcha ningún otro.
Vidal adelantó en esa oportunidad que era necesario "darle intervención al área de niñez, a los gremios por el tema de la objeción de conciencia, y a la Justicia para evitar la judicialización" de los abortos encuadrados en circunstancias no punibles, pero que mientras no se realizara esa consulta debía seguirse el Protocolo que refleja los parámetros establecidos por la Corte Suprema en 2
