El Tribunal Oral Federal N°1 aceptó el pedido de excusación de uno de sus integrantes, Eduardo Farah, quien solicitó apartarse porque debe cuidar a su madre. Ahora tienen que designar un reemplazo, generando otra dilación en la causa.
El juicio iba a arrancar el 5 de mayo pero fue postergado a raíz de la pandemia.

El juicio por los crímenes de lesa humanidad en el Pozo de Banfield sufrió un nuevo obstáculo que genera preocupación en sobrevivientes, familiares y organismos de Derechos Humanos. El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata aceptó el pedido de excusación de uno de sus integrantes, Eduardo Farah, quien solicitó apartarse porque debe cuidar a su madre de 86 años.

Luego de una década de luchas y reclamos, el juicio iba a arrancar el 5 de mayo pero fue postergado a raíz de la pandemia. Cuando todo parecía encaminarse hacia un inicio de forma remota, la resolución en torno a Farah puso un nuevo freno a la causa. "Es preocupante porque se había planteado la necesidad de que arranque el juicio para que la impunidad biológica no beneficie a los represores, que muchas veces mueren sin ser juzgados ni condenados. La reciente decisión del tribunal complicó todo y el futuro es muy incierto", remarcó Mimí Di Gianni, sobreviviente del centro clandestino que formó parte del circuito Camps.

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Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal debe nombrar un nuevo juez que reemplace a Farah y se sume al tribunal compuesto por Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers. "Exigimos que el nombramiento se haga en el tiempo más breve posible. Se hablaba de la posibilidad de que el juicio se inicie dos o tres meses antes de que termine el año con declaraciones virtuales y a distancia, pero por los tiempos que viene manejando la Justicia y el contexto de pandemia es muy difícil que eso ocurra", señaló Di Gianni, integrante de la Mesa de Trabajo del Espacio de la Memoria ex Pozo de Banfield.

Cabe recordar que el tribunal de La Plata no tiene jueces titulares designados y en su lugar actuaron tres subrogantes de San Martín. "Es un proceso que se viene dilatando hace mucho tiempo. Aunque lo ideal sería con la presencia de víctimas, familiares y represores, pedimos la virtualidad del juicio para que no queden impunes", destacó Mimí.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y organismos como Abuelas de Plaza de Mayo se vienen pronunciando a favor del reinicio de los procesos de manera remota, respetando los protocolos sanitarios. Desde el Concejo Deliberante de Lomas también sacaron una resolución para manifestar su "apoyo y adhesión a las presentaciones judiciales".

El juicio, que está unificado con el Pozo de Quilmes, tendrá 400 testigos y represores como Juan Miguel Wolk, Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés y Jaime Smart, que deben ser juzgados por delitos como privación ilegítima de la libertad; aplicación de tormentos; abuso sexual con acceso carnal; sustracción, retención y ocultamiento de menores; homicidio agravado: y homicidio.

El centro de detención situado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet funcionó entre 1974 y 1978. Se estima que 253 personas fueron torturadas allí, de las cuales 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 mujeres dieron a luz en la maternidad clandestina. También estuvieron estudiantes que fueron víctimas de la Noche de los Lápices.