Este martes iba a arrancar el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, pero tuvo que ser postergado a raíz de la Emergencia Sanitaria por Coronavirus.
El Pozo de Banfield funciono entre 1974 y 1978. Hoy es un Espacio de la Memoria.

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield iba a comenzar este martes pero fue postergado a raíz de la Emergencia Sanitaria. La expectativa, que era muy grande, se transformó en necesidad de visibilizar la importancia de una causa emblemática.

"Es una deuda pendiente que tiene la Justicia con las víctimas y la sociedad en su conjunto. Nuestra intención es dejar en claro que ya venía demorado porque el tribunal de La Plata no tiene jueces titulares designados y en su lugar actuaron tres subrogantes de San Martín", señaló Mimí Di Gianni, integrante de la Mesa de Trabajo del Espacio de la Memoria ex Pozo de Banfield, quien contó que "teníamos planificada nuestra presencia para el arranque del juicio y la invitación a escuelas para las distintas audiencias".

Abuelas de Plaza de Mayo, las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la Provincia, Justicia Ya y Pablo Llonto son querellantes del juicio, que tendrá 400 testigos y está unificado con el Pozo de Quilmes. Aunque muchas personas ya han declarado y en algunos casos se podrá tomar testimonio anterior sintetizado, se espera que sea un proceso de duración extensa.

"Se trata de un juicio de mucha magnitud porque fue un lugar que funcionó como base del Plan Cóndor, tuvo una maternidad clandestina e involucra al Circuito Camps. Por eso, estamos insistiendo para que se haga lo antes posible", remarcó Mimí, que seis días después del golpe cívico-militar (el 30 de marzo de 1976) fue detenida en su casa y llevada al Pozo de Banfield.

Juan Miguel Wolk, Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés, Jaime Smart, Juan Torino, Ricardo Von Kyaw, Federico Minicucci, Enrique Barre, Miguel Ángel Amigo, Carlos Pavón, Roberto Balmaceda, Ricardo Fernández, Gustavo Cacivio, Jorge Di Pasquale, Guillermo Matheu, Carlos Fontana, Carlos Hidalgo Garzón, Anselmo Palavezatti, Emilio Anzorena, Antonio Simón y Alberto Candioti son los represores que deben ser juzgados por delitos como privación ilegítima de la libertad; aplicación de tormentos; abuso sexual con acceso carnal; sustracción, retención y ocultamiento de menores; homicidio agravado: y homicidio.

"Wolk es el más emblemático porque estaba a cargo del Pozo. Aunque ahora está detenido, le habían dado prisión domiciliaria, se fugó y lo tuvieron que ir a buscar. También hay que remarcar que los genocidas no están en condiciones de hacinamiento en las cárceles, no comparten lugar con detenidos comunes y tampoco corren riesgos de salud, así que darles la domiciliaria es una burla", enfatizó Di Gianni en un contexto en el que algunos represores fueron beneficiados con la medida en el marco de la pandemia.

La Mesa de Trabajo del Espacio de la Memoria, un colectivo cuya labor es vital en materia de Derechos Humanos.

La Mesa de Trabajo tuvo ayer una reunión con la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Barreiro; el Director de Sitios y Espacios de Memoria bonaerense, Gustavo Moreno; y el director de Derechos Humanos de Lomas, Hernán Durán.

"Hablamos sobre la necesidad de visibilizar el juicio de cara a la ciudadanía y seguir pensando estrategias conjuntas. Es fundamental trabajar en el marco de una instancia cuatripartita, ya que en los últimos cuatro años no tuvimos diálogo político con Nación y Provincia, y sólo nos manejábamos con el Municipio", expresó Daniel Prassel, miembro de la Mesa.

Para este martes se esperaba una fuerte presencia de distintos funcionarios, organizaciones y militantes en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, donde iba a arrancar el juicio.

"Además de las organizaciones de Lomas, queremos fortalecer el acompañamiento de toda la comunidad porque esto forma parte de la identidad del Distrito. Nuestra intención es que el juicio arranque este año y no se dilate más", subrayó Prassel, y recordó que la causa fue elevada a juicio en 2012.

El centro de detención situado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet funcionó entre 1974 y 1978. Se estima que 253 personas fueron torturadas allí, de las cuales 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 mujeres dieron a luz en la maternidad clandestina. También estuvieron los y las estudiantes de la Noche de los Lápices.

En 2015 se firmó un acuerdo para transformarlo en un Espacio de Memoria y en marzo del 2019, tras algunas reformas y una lucha de varios años, se concretó la reapertura. Esto fue un logro de la Mesa de Trabajo, que le permitió organizar visitas guiadas para escuelas, universidades, centros de jubilados, ONGs y trabajadores sociales, entre otros.

El comienzo y avance del juicio contra los represores será clave para profundizar la puesta en valor del espacio y habilitar sectores como los calabozos y leoneras que, como son prueba en la causa, no se pueden utilizar durante las recorridas.