Más de 31 trabajadores eran explotados en situación de vulnerabilidad.
Trabajaban en situación de vulnerabilidad.
Trabajaban en situación de vulnerabilidad.

La Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, solicitaron el procesamiento por trata de personas al dueño de una empresa avícola de la localidad bonaerense de Cañuelas.

Se trata de Carlos Felipe Fernández, el dueño de Supremo S.A, dedicada al criado y comercialización de pollos y que cuenta con varios campos ubicados en las localidades de Cañuelas y Las Heras, y su hija Bárbara Melisa Fernández, acusados de ser coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

El pedido recayó, también, sobre otros tres hombres: Nicasio Nahuel Canga, acusado en calidad de partícipe necesario y para quien también se reclamó la preventiva, y los gendarmes Ismael Rodrígues López y Osvaldo Marcelo Guevara, a quienes se endilga haber controlado los movimientos de los trabajadores -como partícipes secundarios del mismo delito-. Finalmente, la sexta imputada es Lidia Beatriz Aguilera, quien está acusada por encubrimiento.

Para el Ministerio Público Fiscal se encuentra acreditado que Fernández, en su carácter de presidente de la empresa de producción avícola "Supremo S.A.", junto a su hija Bárbara, y con la colaboración de Canga, Rodríguez López y Guevara entre otros, explotó laboralmente al menos a 31 trabajadores en situación de vulnerabilidad.

Se "instauró un aceitado mecanismo de contratación y distribución de tareas que le permitió, con la menor inversión posible y a costa de la explotación de los trabajadores, obtener cuantiosas ganancias económicas", indicó el escrito de presentación.

Las víctimas habrían sido captadas y trasladadas a los campos mediante engaños y falsas promesas por parte de Fernández y su hija, quienes, según la Justicia, dispusieron lo necesario mediante la utilización de terceras personas para atraer a grupos familiares, tanto de nacionalidad argentina como extranjeras. Y una vez en el predio fueron sometidos a condiciones indignas de trabajo y su libertad fue restringida, explicaron desde la justicia.

"Fernández y su hija, entre otros, con la participación de encargados y supervisores, entre ellos Nicasio Nahuel Canga, instauró un aceitado mecanismo de contratación y distribución de tareas que le permitió, con la menor inversión posible y a costa de la explotación de los trabajadores, obtener cuantiosas ganancias económicas", señalaron los fiscales en su dictamen.

A su vez, los salarios que percibían, en algunos casos, eran inferiores a las previsiones normativas y las jornadas eran "exorbitantemente" superiores, y no podían salir del predio sin permiso previo, no les permitían tener contacto con otros granjeros, y no contaban con elementos de trabajo adecuados y suficientes para sus tareas.

A través de sus declaraciones, se pudo establecer que los horarios en que debían desarrollar sus tareas era de lunes a viernes de 6 a 21 y que, en algunas ocasiones, algunos de ellos debieron extender ese horario incluso durante la noche. Varias víctimas declararon que en ocasiones tuvieron que trabajar las 24 horas del día, de lunes a lunes, se precisó.

Por otro lado, todos los trabajadores indicaron que cobraban en negro una suma de dinero por presentismo pero solo lo hacían los trabajadores del sexo masculino, quedando las mujeres afuera de este aliciente.

Además, eran privados de esa suma por razones arbitrarias, "todas propias de una relación de abuso total en donde la inexistencia de reglas de contratación laboral resultaba el acicate perfecto para generar 'descuentos' por circunstancias tan ridículas, y por supuesto por fuera de toda regulación legal".

Finalmente, en su dictamen, los fiscales resaltaron que a los trabajadores les descontaban el presentismo si usaban mucho el grupo electrógeno, si dejaban la tranquera abierta, si el sereno llegaba tarde, si estaban enfermos o si iban al médico.

Con la información recogida a través del testimonio de las víctimas directas y la presunción de que en los predios podían ser halladas personas en situación de explotación, la fiscalía solicitó el allanamiento, que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre.