Extinción de dominio: el DNU ingresó al Congreso y la Bicameral tiene 10 días para tratarlo
NACIONALES. La iniciativa impulsada por el presidente Mauricio Macri para recuperar los bienes de la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico entró a la Cámara de Diputados y comenzará a ser debatido en las próximas horas.
El Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el presidente Mauricio Macri instauró el Régimen Procesal de Extinción de Dominio ingresó esta mañana al Congreso. La iniciativa, cuya constitucionalidad es cuestionada por juristas y la oposición, deberá ser debatida en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo en un plazo de 10 días.
El cuerpo, integrado por ocho diputados y ocho senadores de diferentes fuerzas políticas y que es presidido por el kirchnerista por Santa Fe, Marcos Clero, es el único espacio parlamentario que funciona aún durante el receso y podría reunirse en las próximas horas para analizar la validez de la medida impulsada por el Poder Ejecutivo.
El DNU fue fuertemente cuestionado por abogados y constitucionalistas debido a que el procedimiento que habilita permite quitarle bienes a personas imputadas o no en causas penales, pero a través de un procedimiento paralelo instalado en el fuero civil.
A raíz de las críticas y los tironeos que pueden obstaculizar el debate, desde Cambiemos no descartan que el tema pueda ser enviado al Congreso para ser discutido en sesiones extraordinarias y que avance mediante el trámite estipulado para una ley.
Si bien el proyecto de extinción de dominio fue aprobado en 2016 por la Cámara de Diputados, en su paso por el Senado en 2018 sufrió modificaciones, que según el oficialismo desvirtuaron el espíritu de la ley, y volvió a la Cámara baja para una nueva revisión, pero no se avanzó debido a la falta de acuerdos entre los bloques.
Ante la demora del Congreso en aprobar la iniciativa, el Ejecutivo decidió establecer por decreto el régimen de extinción de dominio que tiene por objetivo recuperar para el Estado los bienes provenientes de la corrupción, el narcotráfico, la trata y otros delitos federales.
Según calculó el Gobierno, hay alrededor de $245 mil millones en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.
Muchos de esos bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos del Estado, lo que implica generar costos para el erario públ
