Más de 200 familias que habitan desde el 25 de febrero último terrenos en Villa Lugano, que denominaron barrio "Papa Francisco", aguardaban hoy la orden de desalojo, tras la resolución dictada ayer por la Cámara Penal y Contravencional porteña.

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Legisladores porteños de distintas fuerzas políticas buscaban hoy ser recibidos por la jueza Gabriela López Iñiguez, para pedir la formación de una mesa de diálogo y evitar un desenlace violento en el desalojo.

En el predio la situación era de tranquilidad, aunque se palpaba la ansiedad entre quienes realizan la toma. No había refuerzos policiales y sólo se podía ver un móvil que la Metropolitana mantiene habitualmente en el perímetro, sobre la avenida Fernández de la Cruz y Pola.

"Nosotros alquilábamos enfrente, en la villa 20, una habitación con baño compartido por 750 pesos al mes, suma que cuando no tenemos trabajo es mucha plata", dijo a Télam Ana, de 20 años, que permanece en la toma con su esposo y Luca, su bebé de cinco meses.

Ana contó que "es muy complicado poder cuidar a Luca" ahí: "es chiquito y no tenemos todo lo que le hace falta, pero ya no podíamos seguir pagando ni tampoco tenemos a dónde ir", explicó.

Para Albertina, de 42 años y con tres hijos, la mayor discapacitada con una encefalopatía congénita y retraso madurativo, las cosas tampoco son fáciles. "Todos los días tenía que cargármela al hombro para subir tres pisos de escalera caracol, hasta la piecita que nos alquilaban por 900 pesos al mes", dijo.

"Acá vino la gente del Gobierno porteño a querer sacarnos, pero no hicieron nada ni por mi familia ni por mi hija, no les importamos. Si nos sacan de acá terminamos en la calle, porque ya no hay más a dónde ir", planteó la mujer.

Marisol, de 30 años, que permanece en el predio con sus tres hijos de 6 y 4 años y el menor de 8 meses, contó a Télam que ella también alquilaba en la Villa 20 "una pieza con baño compartido por 1.300 pesos por mes. Pero ya no podíamos seguir pagando eso y acá en el barrio ya nadie quiere alquilar a parejas con hijos", afirmó.

"No tenemos más a dónde ir y todas las mamás del barrio estamos muy asustadas por la manera en que quieren sacarnos", remarcó.

En tanto Griselda, una mujer sola que está en el barrio con cuatro chicos, dijo que "la mayoría de las familias que construyeron este barrio están encabezadas por mamás solteras".

"Fuimos las mujeres las que llevamos mucho de ésto adelante y para poder sostener nuestros hogares acá, ya hace un mes que no vamos a trabajar", señaló.

Griselda concluyó: "estar acá con nuestros hijos es muy complicado porque nos faltan muchas cosas, pero ya no tenemos otra alternativa que resistir".

El titular de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Gabriel Gentilini, visitó hoy el barrio Papa Francisco. "Vine a contarle a los vecinos que los legisladores de la oposición seguimos llamando al diálogo al gobierno porteño para evitar la represión", explicó a Télam.

"Lo único que queremos es que el macrismo gobierne y cumpla con la urbanización de las villas, por eso es necesario que formemos una comisión con funcionarios porteños, vecinos, legisladores y con la vicaría de las villas para consensuar sobre el tema y que los vecinos tengan confianza en un proceso de diálogo", indicó.

Gentilini calificó además como "inentendible que (Mauricio) Macri se llene la boca pidiéndole diálogo a la Presidenta y él mismo no haya escuchado ni una sola vez a estos vecinos durante 23 días".

El legislador apuntó que pidieron "a los integrantes de la Cámara Penal y Contravencional porteña una audiencia para ponerlos al tanto del diálogo" que estaban construyendo.

"Pero fallaron ayer y nos citaron para el martes próximo, por lo que habrá que ver con qué criterio lo hicieron y qué lugar le asignaron a nuestra propuesta legislativa", manifestó.

Treinta legisladores de la oposición firmaron hoy un pedido a la jueza López Iñiguez para lograr "una salida dialogada a la problemática de la vivienda" en el predio tomado en Villa Lugano.

La nota fue firmada por los bloques del Frente para la Victoria, UNEN, el MST e Izquierda Popular y según el legislador Alejandro Bodart, "la intención es que la jueza sepa que hay otras alternativas" para que la situación "no termine en un baño de sangre".

A diferencia del anterior intento de desalojo, la Cámara dispuso que "el procedimiento deberá ser ejecutado por la Policía Metropolitana", con la cooperación de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional.

El expediente volvió al juzgado de origen, que podría disponer el desalojo en las próximas horas.