Para los especialistas, el plan que prevé aplicar Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre depende de la estabilización del dólar, una desaceleración de la inflación y el desarme de las Leliqs para reactivar la economía.

A partir del 10 de diciembre, el nuevo Gobierno impulsará un acuerdo de precios y salarios para 2020, pero esto no traerá los resultados deseados, según algunos especialistas, si no se inscribe en el marco de una política monetaria, fiscal y cambiaria alineada.

Así lo indicó un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, el cual señala cuáles son los condicionantes que la próxima administración va a encontrar y los posibles cursos de acción que tiene para adoptar.

El punto de partida para Alberto Fernández será muy complejo: Mauricio Macri dejará a la Argentina con una de las inflaciones más altas en el mundo, en el orden del 60% anual, una economía en recesión y un consumo que acumula 22 meses consecutivos de caída.

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El presidente electo confirmó en los últimos días que avanzará en un acuerdo con todos los sectores para controlar los precios y fortalecer los salarios al menos a lo largo de 2020 para quebrar la inercia inflacionaria que se sostuvo durante los dos últimos años.

"Pero dicho acuerdo debería ir acompañado de una política monetaria, fiscal y cambiaria alineada con las pautas acordadas.   De nada valdría estipular, por ejemplo, aumentos anuales del 10% en precios y del 12% en salarios, si el tipo de cambio crece un 20%, las tarifas suben un 30% y la oferta monetaria se incrementa en un 40%", explicó Víctor Beker, director del CENE.

Por otro lado, el PBI per cápita habría caído en un 7% entre 2015 y 2019, configurando lo que se conoce como estanflación.

La recuperación de la economía requiere una baja drástica de las tasas de interés a niveles compatibles con las pautas acordadas para precios y salarios.

Ello requerirá el desarme de las Leliq, pero evitando generar un exceso de oferta monetaria que ponga en riesgo las pautas inflacionarias acordadas, dijo el economista.

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"Ahora, el incremento del empleo dependerá de la reactivación económica", añade Beker.

En el segundo trimestre de 2019, el total de la deuda de la Administración Central totalizaba 337.267 millones, reflejando la estrategia de endeudamiento, en gran medida en dólares, elegida por la actual administración para financiar el déficit.

"Las sucesivas devaluaciones hicieron que el peso del pago de intereses gravite cada vez más en el presupuesto, demandando en lo que va de 2019 un 17% del total de los ingresos fiscales", indicó el CENE.

Según el análisis, el próximo gobierno deberá encarar la tarea de renegociar la deuda con los acreedores, de modo que sus pagos sean sostenibles, por lo que la reestructuración de la deuda debe posibilitar que los pagos anuales sean compatibles con el superávit primario y con el superávit de cuenta corriente.