El proyecto para modificar los contratos de vivienda cuenta con el consenso del oficialismo y la oposición. Será la última sesión ordinaria del año, antes del cambio de autoridades.

La Cámara de Diputados buscará sancionar el próximo miércoles el proyecto de reforma de la ley de Alquileres, que contempla la extensión del contrato a tres años, un nuevo sistema de garantías y una actualización anual del monto que deben afrontar los inquilinos que se calculará en base al aumento promedio de los salarios y la inflación.

La iniciativa fue consensuada entre el oficialismo y la oposición en base distintos proyectos que se habían presentado en la Cámara. Eso permitió firmar un dictamen en la comisión de Legislación General, que conduce Daniel Lipovetzky, con un amplio respaldo político.

La propuesta pretende reformar aspectos centrales del Código Civil y Comercial en lo que refiere a la ley de alquileres para darle un mayor grado de "certidumbre" a la actividad y evitar que los precios de los arrendamientos estén atados a la negociación permanente entre propietarios e inquilinos. "Queremos que haya un igual criterio para todos", dijeron.

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Así, por ejemplo, el depósito que los dueños de los inmuebles suelen pedir para tener como "reaseguro" ante eventuales necesidades luego de finalizado el contrato, no podrá superar una cuota mensual si la ley llega a aprobarse en el Congreso.

Además, se establecerá que el reajuste de los contratos sea anual, en lugar de semestral como se acostumbra en los contratos de locación. Ese ajuste en el precio del alquiler estará atada a una fórmula de actualización combinando los datos que arrojen el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el IPC

Otro punto clave del proyecto es que se establece que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

En el dictamen consensuado se establece que el inquilino presentará dos propuestas de garantías y el propietario estará obligado a elegir una; también se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario.

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También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir el contrato, el inquilino deberá avisar con tres meses de anticipación para evitar pagar una multa.

Otro aspecto que incluye el dictamen es que se deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo, que a la vez deberá dar facilidades para poder cumplir con esta medida.

Ademas se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados, y aquellas familias que no tengan como acceder a un sistema de garantías.

En ese sentido se establece que a través de ese plan se otorgarán garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas; y se propiciará la creación de líneas de subsidios o créditos blandos, entre otras medidas.