alarmante El Ejecutivo promulgó la Ley pero le devolvió el proyecto al Congreso para que "le incluya las partidas correspondientes". Proponen destituir a Guillermo Francos.
La Emergencia en Discapacidad, ley que había sido vetada por el presidente Javier Milei pero que luego de reunir los dos tercios en ambas cámaras, el Congreso logró ratificar, sigue frenada.
Este lunes, el Boletín Oficial oficializó la ley que declara, hasta diciembre de 2026, la Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en el mismo decreto se especifica su comunicación al Congreso, "en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga". En efecto, el Ejecutivo le volvió a pasar la pelota al Congreso.
El artículo 5 de esa ley establece: "Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
La "devolución" de la ley llamó la atención. Sobre todo porque la iniciativa, en su artículo 19, establece su financiamiento. En concreto, se faculta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a "efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley". Al mismo tiempo, el artículo establece que las reestructuraciones presupuestarias "no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad 'Servicios Sociales'.
Según analizó la periodista Déborah de Urieta (Ámbito) Francos, "en calidad de administrador del Estado, constantemente reestructura partidas presupuestarias. Sobre todo si se considera que, por segundo año consecutivo, Milei gobierna sin presupuesto".
Uno de los primeros en hacerse eco del decreto fue el diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón. "La Constitución es clara. Ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como 'devolver al Congreso'", escribió. Y remarcó que la "creatividad" de Milei y Francos "es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político".
Pero además, el rosarino se dirigió a los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia por "maniobra inconstitucional del poder Ejecutivo". Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria se reunirá en las próximas horas a fin de definir los pasos a seguir. Por lo pronto, más de un integrante de ese espacio, que a la vez forman parte de la comisión de Discapacidad, le confirmaron a este medio que los miembros desde ese cuerpo de trabajo podrían impulsar una denuncia penal contra funcionarios del Ejecutivo por no cumplir con la ley.
¿QUÉ PASA CON FRANCOS?
Diputados nacionales de Encuentro Federal encabezados por Oscar Agost Carreño presentaron una moción de censura para remover de su cargo a Guillermo Francos. De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.
"El Gobierno rompió el estado de derecho", sentenció Agost Carreño en la red social X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.