INVESTIGACIÓN La fiscal del caso cuenta con elementos suficientes para comprobar la materialidad ilícita. Ahora pretende comprobar si los acusados actuaron como "una banda".
La fiscalía a cargo de investigar las múltiples denuncias por estafas de Portofino SRL, busca determinar si hubo una asociación ilícita detrás de la empresa constructora, cuyos principales responsables fueron imputados.
Todo surgió a partir de la acusación de cientos de personas, que aseguran haber perdido los ahorros de toda su vida en manos de una banda que, en total, habría recaudado la suma de US 50 millones.
"Son más de 200 las víctimas, incluso hubo gente infartada por la perdida de sus ahorros", señaló una fuente cercana a la causa, en diálogo con La Unión.
De acuerdo a la reconstrucción del caso, que tramitan en el Juzgado de Garantías 4 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Sebastián Monelos, los damnificados fueron engañadas con la venta de inmuebles a construir, por los cuales acordaban pagar un porcentaje importante de la transacción, pero los departamentos no se construían.
Por ahora, la materialidad ilícita de los involucrados en la causa estaría comprobada, ya que los sellos y firmas de los cuatro acusados los comprometen en el caso. Sin embargo, todos ellos permanecen libres.
La fiscal Carla Furingo, de la UFI 1 de Lomas dispuso que se realizara la pericia contable, con el fin de constatar la cantidad de bienes del principal sospechoso, a quien habían embargado por una cifra millonaria. Sin embargo, su defensa había apelado la decisión, alegando que su defendido no cuenta con esa cantidad de dinero.
También citó a declarar al presunto gerente de la compañía, imputado junto a sus padres y una mujer que sería su apoderada, quien se negó a presentarse a indagatoria.
Semanas atrás, el fiscal Javier Martínez, de la UFI 8 de Lomas, había pedido la detención de los padres del gerente, quienes quedaron involucrados en la causa, como presuntos socios de la empresa. Ambos recuperaron la libertad, luego de permanecer varios días tras las rejas.
Durante el periodo que estuvieron privados de su libertad, los dos se negaron a prestar declaración, como una estrategia procesal, que comenzó cuando fueron citados a indagatoria.