LO QUE VIENE La ministra de Seguridad remarcó que buscan cumplir la ley y repitió unos de los lemas de campaña, "el que las hace, las paga".
A cuatro días del cambio de mando, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció un nuevo protocolo de seguridad en caso de piquetes, un tema que la obsesiona desde hace años. Remarcó que las cuatro fuerzas federales del Estado (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria -PSA-, junto a integrantes del Servicio Penitenciario) estarán habilitadas para intervenir en bloqueos de caminos, piquetes o protestas que impidan, total o parcialmente, la circulación de los ciudadanos. Y agregó que quien proteste en la vereda no tendrá inconvenientes.
"Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia", afirmó al leer los detalles de este protocolo para "el mantenimiento del orden público". Y agregó: "El propósito de este protocolo es cumplir la ley como dice el presidente (Javier Milei) el que las hace, las paga. Por otro lado, cuidar a quienes nos cuidan y establecer un protocolo de actuación que proteja en su accionar a las fuerzas federales".
Además habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren agruparse. "En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos", dijo Bullrich.
Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia.
En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia: "Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes . Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente".
En caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervenciones a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes los lleven. "Los niños que deben estar en la escuela", dijo.
Los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, y de todas las jurisdicciones, serán convocados para aplicar en forma coordinada el nuevo protocolo antipiquetes.
Según Bullrich, los costos de estos operativos de seguridad lo pagarán las organizaciones o personas involucradas.