Decisión tajante Los acusados de matar a Fernando Pérez Algaba están recluidos en el penal de Melchor Romero, pero en módulos diferentes.
El juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, quien rechazó el pedido de excarcelación de los detenidos por el crimen de Fernando Pérez Algaba, ordenó que estos permanezcan separados, para evitar agresiones entre sí.
En su fallo, el magistrado argumentó que, en caso de que sean liberados, había riesgo de fuga, por lo que ordenó que sean trasladados a la Alcaldía 3 del penal de Melchor Romero, donde permanecerán recluidos en módulos diferentes.
Se trata de Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Horacio Mariano Córdoba, sospechosos del asesinato del empresario, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.
De esta manera, estarán en la misma unidad carcelaria perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) donde están los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado a golpes por una patota, en enero de 2020 a la salida de un boliche, en Villa Gesell.
El principal temor de las autoridades es que haya algún tipo de conflicto entre los que ya declararon e incriminaron al resto, y los principales acusados que tiene la causa. Por esa razón, van a permanecer recluidos en distintos sectores.
Los detenidos quedaron imputados por el delito de "homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en con curso real con falso testimonio", mientras que a Pilepich, Vargas, Contrera y Bomrad se les añadió el "falso testominio".
En tanto, Monelos le concedió la libertad a Gladys Cristaldo, quien fuera acusada del "encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave" luego de ser detenida en la misma vivienda donde se ocultó Pilelich, uno de los principales sospechosos de asesinar a "Lechuga".
El juez consideró que los imputados "tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación". Para llegar a esa consideración, se basó en el "?modus operandi? llevado a cabo, la desaparición y/o ocultamiento de medios de prueba", "la peligrosidad y despliegue de medios demostrada por los mismos en la comisión de los hechos", sumado al falso testimonio, lo que para el juez significó "un claro indicio de entorpecimiento probatorio".
Por su parte, las abogadas defensoras de Vargas, Lorena Blanco y Celeste Schenfeld habían presentado un habeas corpus para que el imputado no esté compartiendo celda con Pilepich y Córdoba, luego de que se anoticiaran de que los tres se encontraba alojado en una celda en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda.
Las abogadas fundaron su pedido principalmente en el resguardo por "la integridad física y piscológica" de Vargas, ya que "su declaración versa en contra los demás imputados en la causa", y que "trabajó 16 años en la Policía Federal Argentina (PFA)".
"En la DDI de Avellaneda no solo se encuentra en una celda junto a cinco personas más, sino que además allí se encuentra el principal acusado Maximiliano Pilepich y el imputado Horacio Mariano Córdoba, policía de la Ciudad de Buenos Aires, y por el que mi defendido ha declarado en contra de ellos en el marco de la causa", indicaron los abogados en su escrito.
La declaración del imputado Vargas
Vargas admitió en su indagatoria con lujo de detalles que el crimen de Pérez Algaba se cometió la tarde del 18 de julio en el establecimiento inmobiliario "Renacer" de General Rodríguez y que el autor fue Pilepich, quien lo ejecutó por la espada de dos balazos mientras lo hacía cambiar "unas lamparitas" quemadas en una de las oficinas.
"Ya está, no aguantaba más, hay límites", dice que dijo Pilepich tras concretar el crimen, en referencia a que el empresario le venía exigiendo que le pague una deuda de unos 150.000 dólares y que lo extorsionaba.
Vargas dijo que el cuerpo fue llevado en el auto Volskwagen Polo hasta la casa de Contrera, quien se encargó de descuartizarlo y arrojarlo al arroyo.
Además, agregó que la escena del crimen fue demolida y sus escombros arrojados en distintos lugares para borrar las pruebas y que todo el tiempo que se mantuvo prófugo fue por miedo.
¿Citarán a declarar a Charlotte Cannigia?
En tanto, se espera que el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la causa, se expida con relación al pedido de la familia de "Lechuga" Pérez Algaba para que cite a declarar a la mediática Charlotte Caniggia (30), luego de que el imputado Córdoba la nombrara en su indagatoria.
El comisario de la Policía de la Ciudad sostuvo que el empresario lo citó en una oficina de Puerto Madero, "muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo 'trading'", que según dichos de la propia víctima "se la había prestado Charlotte Caniggia", conocida mediáticamente por haber participado en distintos programas de televisión.
Según la investigación judicial, el comisario está señalado como quien le facilitó a Pilepich -el principal sospechoso del crimen de "Lechuga"-, el número de teléfono a nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que se cree que utilizó en las horas previas y posteriores al homicidio para comunicarse con sus cómplices.