La fiscal Gabriela Boquín denunció que la empresa del Grupo Macri giró fondos a abogados y consultoras vinculadas con funcionarios y legisladores del actual Gobierno.
El escándalo vuelve a salpicar de lleno al presidente Mauricio Macri.

A más de dos años de que estallara el escándalo del Correo Argentino, el primero que salpicó de lleno al Gobierno, la negociación entre el Estado y el Grupo Macri sigue trabada y la causa está plagada de irregularidades.

En un nuevo dictamen, la fiscal general Gabriela Boquin alertó sobre desvíos irregulares, un “vaciamiento progresivo” de la empresa y le exigió al Gobierno que deje de dilatar el caso.

Desde hace 18 años el grupo que pertenece a la familia del Presidente arrastra una deuda de más de $300 millones (hoy serían $14 mil millones) y nunca tuvo intención de cerrar un acuerdo con el fisco.

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Ahora, la fiscal ante la Cámara Comercial detectó supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la compañía: Correo Argentino SA realizó pagos por casi $35 millones a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos a pesar de no tener actividad comercial.

Varias de las empresas beneficiadas están vinculadas a miembros del directorio de Correo y a sus abogados. Recibieron en total $14,8 millones.

Uno de ellos es el estudio Tonelli, dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, que cobró $4.437.984.

Otro es el estudio Jaime Kleidermacher, representante legal histórico de los Macri, que recibió $9.661.585 en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores.

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También fue beneficiado Romero Zapiola & Clusellas, que integraba Pablo Clusellas, actual secretario Legal y Técnico de la Presidencia, que por asesoramiento en temas legales de recursos humanos obtuvo $250 mil.

Según la fiscal se trata de “pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde el 19 de noviembre de 2003 ésta no registra actividad”.

El dictamen pide que se investiguen esos movimientos y el papel que tuvo el secretario de Modernización, Andrés Ibarra, que fue director y apoderado del Correo, intervino en la designación de abogados que representan al Estado y tiene injerencia, desde su función, en el destino del caso.

El Gobierno deberá dar respuestas.