Piden la remoción de tres fiscales de Lomas
Judiciales. Así lo solicitó la Comisión Provincial por la Memoria, que además pidió su enjuiciamiento. Se trata de Sebastián Scalera, Sebastián Bisquert y Pablo Rossi.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un pedido escrito ante la Secretaría de Enjuiciamiento de la Suprema Corte, en donde solicitó la remoción y el enjuiciamiento de tres fiscales del Departamento Judicial Lomas de Zamora.
Se tratan del titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional, Pablo Rossi; el agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 1, Sebastián Bisquert; y el Fiscal General Adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera.
Según precisa el documento, al cual tuvo acceso La Unión, la solicitud es "en virtud de hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones que configuran la posible comisión de delitos de acción pública y circunstancias que encuadran en diferentes preceptos regulados por el art. 21 de la normativa de enjuiciamiento".
El primero de ellos, el de Rossi, tiene que ver con el archivamiento de un caso de violencia institucional, en el que la CPM aclara que "existían pruebas suficientes para, al menos, investigar el hecho y determinar los responsables".
"Se dejó transcurrir un lapso excesivo entre la recepción del expediente y su primera medida, y posteriormente archivó la causa sin argumento alguno y omitiendo la notificación a las víctimas", precisa.
De esta manera, el fiscal "omitió el deber que tienen los funcionarios públicos de castigar y erradicar la violencia institucional, agravado en el caso por ser el titular de la acción penal".
Por el lado del fiscal Bisquert, el pedido tiene lugar "en el marco de la persecución judicial contra el Dr. Gabriel Vitale", quien es juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
"En la cual requirió copias de la causa formada en su contra por el supuesto delito de falsedad ideológica, sin dejar constancias en los autos principales, para después formar un legajo secreto y librar oficios recabando información personal de forma ilegal, constituye a las claras un incumplimiento de los deberes a su cargo y la comisión de graves irregularidades en los procedimientos en los que intervino", apunta.
El fiscal Scalera, finalmente, es acusado de iniciar "una persecución injustificada e ilegal contra el Dr. Vitale, que comenzó con la auditoría ilegal realizada sobre el Juzgado de Garantías a su cargo y continuó con la denuncia formal realizada por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica".
"Ello configuró un incumplimiento de sus deberes como funcionario público, en particular por violar la normativa respectiva al control realizado sobre los organismos jurisdiccionales", recalca.
El documento lleva la firma de diferentes autoridades de la CPM, entre ellos su presidente, Adolfo Pérez Esquivel; su presidenta, Dora Barrancos; su vicepresidente, Víctor De Gennaro, el secretario Roberto Cipriano García, y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, entre otros.
