Pañuelazo en Lomas: llaman a movilizar por el aborto legal
marea verde. Esta tarde, desde las 18, habrá una actividad en España y Laprida en el marco del tratamiento del proyecto en el Congreso.
Mientras en el Congreso los distintos bloques políticos terminan de moldear el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (que sería tratado el jueves próximo), esta tarde en Lomas, agrupaciones políticas feministas impulsan un pañuelazo, a las 18, en Laprida y España. El objetivo es "inundar las calles" para que salga la ley de aborto legal.
"Este 9 o 10 de diciembre, cuando se de en diputados el debate que la Marea Verde logró abrir, tenemos que ser nuevamente millones en las calles para que sea ley y para que el proyecto que se apruebe no tenga ninguna restricción para el acceso al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos", expresaron desde la agrupación Las Rojas, que impulsa la actividad.
"Que en todos lados se vea la mayoría social y la marea verde a favor del derecho a la aborto", añadieron, y convocaron a la vigilia que se hará el jueves próximo, cuando se espera sea tratado el proyecto en Diputados.
DIFERENCIAS
Con las exposiciones de funcionarios del Gobierno nacional este martes comenzó a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados enviado por el oficialismo, que se espera podría recibir dictamen de mayoría este viernes. La iniciativa, según las posiciones anticipadas, contaría con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara baja, mientras en el Senado la votación estaría más peleada.
Más allá de las diferencias con un sector de la Iglesia que rechaza de plano la iniciativa, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito señala diferencias con el proyecto presentado por el Gobierno, que propone la objeción de conciencia individual: estipula que el profesional que haga uso de esta objeción deberá encargarse de derivar a la persona que requiere el aborto adoptando "todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica". Sin embargo, desde la Campaña se plantea que ese artículo (el 10) abre la posibilidad de que el derecho no se garantice.
"Este artículo deja librada a la 'buena fe" del objetor garantizar que se realice la interrupción del embarazo. En ningún lugar dice que son las autoridades provinciales, municipales, directivos de hospital los que tienen la obligación de que se cumpla", expresaron desde Las Rojas, que promueve el proyecto de la Campaña.
A la vez, el proyecto del oficialismo establece diez días de plazo para garantizar el acceso a la IVE y el de la Campaña prevé cinco. Este último proyecto tampoco estipula penas para "quien causare el propio aborto" o consintiera "que otro se lo cause" luego de las 14 semanas de gestación y por fuera de las causales de no punibilidad previstas luego de ese período: abuso sexual o riesgo para la vida o salud integral.
El del Ejecutivo sí lo hace, aunque reduce la pena actualmente establecida en el Código Penal: de uno a cuatro años de prisión, la pena baja a tres meses a un año.
