Qué declararon los detenidos que se hicieron pasar por abogados
judiciales. Intentaron extorsionar a la titular de la Comisaría 6ta de San José. Simularon ser integrantes de una organización de Derechos Humanos.
Declararon dos de los delincuentes detenidos por hacerse pasar por abogados de una organización de Derechos Humanos e intentar extorsionar a la titular de la Comisaría 6ta de San José.
Según indicaron fuentes judiciales en diálogo con La Unión, dos de los cuatro sujetos detenidos prestaron declaración e incluso reafirmaron que pertenecen a un organismo de DDHH. En tanto, los restantes decidieron hacer uso de su derecho a guardar silencio.
El hecho tuvo lugar este fin de semana en dicha seccional policial, cuando cuatro hombres de entre 43 y 65 años se presentaron con credenciales falsas y pidieron una entrevista con la comisaria. Ya en su despacho, éstos intentaron extorsionarla diciendo que tenían fotos de ella y de su entorno familiar, mostrando imágenes de su domicilio.
No obstante, el personal policial constató de que efectivamente no eran de ningún organismo y se dispusieron a revisar los vehículos en los que se habían acercado, un VolskWagen Gol Tren rojo y un Peugeot 408 color champagne: allí encontraron más documentación falsa.
Cabe mencionar que uno de los falsos abogados tenía una tobillera del Servicio Penitenciario Bonaerense por un caso de violencia de género y que otro era efectivamente un abogado matriculado.
"El objetivo que tenía esta banda era, a partir de una supuesta causa en la Justicia Federal, que la comisario pusiera plata a cambio de que no la siguieran imputando, lo que está comprobado que es completamente mentira", indicaron, al tiempo que aclararon que uno de los acusados "había sido detenido tiempo atrás por el jefe de calle por tenencia de consumo por estupefaciente". "Parece que la cosa venía por ese lado", recalcaron.
En este sentido, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ya envió un oficio al Juzgado de Garantías N° 10, a cargo del doctor Gabriel Vitale, para poder periciar los teléfonos celulares secuestrados y así recabar más información.
Quedaron imputados por "uso de documento público falso, tentativa de extorsión y usurpación de títulos y honores".
