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"¿Por qué el Gobierno está tan comprometido con la impunidad?"

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Memoria Activa denunció cambios de último momento en el alegato final de los abogados del Estado en el juicio oral y público por el encubrimiento del atentado a la AMIA y puso el foco en el vínculo del Gobierno con algunos de los acusados.

En el tramo final del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, la Agrupación Memoria Activa denunció que los abogados que representan al Estado cambiaron a último momento su alegato para presentar uno diferente al que había sido consensuado con la querella para presentar uno acorde a la línea que quiere imprimirle el Gobierno a la causa.

“¿Por qué el gobierno está tan comprometido con la impunidad? ¿Qué tanto esconderán (los ex fiscales) Mullen y Barbaccia sobre AMIA que el gobierno de (Mauricio) Macri no quiere que se sepa?”, se preguntaron desde Memoria Abierta, hoy a la mañana en la jornada en la que se reanudaron las audiencias tras la feria judicial de enero.

Desde la asociación denunciaron que ayer el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, en representación del ministro Germán Garavano, le ordenó al titular de la unidad fiscal AMIA “revocar el poder” del abogado Enrique Ventos, quien hoy iba a presentar el alegato consensuado por la querella en consonancia con el pedido de la fiscalía.

En su lugar fue elegido el abogado José Console, que se desempeña como secretario del Tribunal de Disciplina de Boca, club que está en manos del principal operador judicial del presidente, Daniel Angelici. Según la denuncia de los familiares, Console presentó otro alegato.

Hace rato que denunciamos tanto los vínculos del Gobierno con alguno de los imputados: Garavano con Barbaccia y Avruj con Beraja.

“¿Nos sorprende? No. Hace rato que denunciamos tanto los vínculos del Gobierno con alguno de los imputados (Garavano con Barbaccia; Avruj con Beraja) y vimos pasar por la sala de audiencias a asesores del ministro de Justicia que se abrazan con los exfiscales Mullen y Barbaccia”, señalaron desde la agrupación

En diciembre, la fiscalía pidió 4 años de cárcel para Menem; 13 para Galeano; 6 para el exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, 6 años de cárcel y 3 para su segundo, Juan Carlos Anchezar. Para los exfiscales Mullen y Barbaccia, pidió penas de 8 años de encierro. Y para el extitular de la DAIA Rubén Beraja, un año de prisión en suspenso.

Desde la agrupación recordaron que la abogada querellante Mariana Stilman renunció debido a que sostuvo que el Gobierno le había pedido que deje de tener un rol activo en la búsqueda por la verdad y la justicia.

 

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