“Se buscará resolver la situación de inconsistencia macroeconómica, con con el objetivo de recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”, señala el decreto firmado por Fernández. Sería por etapas y sin inequidades para evitar juicios de fondos buitres. 
La renegociación estará en manos de Martín Guzmán, el ministro de Economía.

El presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 250/2020 que autoriza a que se comience negociar la reestructuración de la deuda pública por un monto de US$68.842 millones.

La medida sostiene que “a efectos de resolver la situación de inconsistencia macroeconómica, resulta fundamental implementar políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado con el objetivo de recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”.

En efecto, autoriza al Ministerio de Economía a llevar adelante las negociaciones con los acreedores “por hasta un monto que no supere el establecido en el artículo anterior, establécese que las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres y Tokio.”

POR ETAPAS. La reestructuración sería por etapas: períodos de gracia, extensión de plazos, recorte de cupones de interés, que se replicarán en una oferta posterior a tenedores de deuda bajo ley local pero emitida en dólares, lo que incluiría a las Letras del Tesoro (LETE) reperfiladas que no se canjeen por una nueva deuda en pesos.

Según los últimos datos oficiales, el 80,3% de la deuda pública nacional está emitida en moneda extranjera. Y una porción similar a la que está emitida en bonos bajo ley extranjera fue emitida bajo ley local.

ANTI-BUITRES. La lógica por etapas con que el Gobierno plantea esta renegociación general de la deuda pública nacional (que muchas provincias buscarán replicar) apunta a cumplir con la promesa que lanzó varias veces el ministro Martín Guzmán: darle un mismo tratamiento a los tenedores bonos en moneda extranjera, sin discriminar si ésta fue emitida bajo ley argentina o foránea.

El concepto que está detrás de esta afirmación no sólo tiene que ver con la escasez de un recurso que la Argentina no administra ni emite (los dólares) sino también con evitar inequidades que dejen resquicios a posibles reclamos judiciales futuros.