El texto impulsa penas de prisión de hasta 15 años para adolescentes que cometan delitos graves.
La iniciativa cuenta con el aval de la ministra, Patricia Bullrich, y del presidente, Mauricio Macri.

Decidido a poner el foco en la seguridad durante las elecciones de este año, el Gobierno planea enviar en febrero al Congreso un proyecto de ley para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad a los 15 años ante delitos graves.

La decisión del Poder Ejecutivo de reimpulsar el texto, que se encuentra cajoneado desde 2017, se debe a la repercusión que tuvo en la opinión pública, según los dirigentes de Cambiemos, la iniciativa de dotar de pistolas Taser a las fuerzas de seguridad.

Eso habría convencido al presidente Mauricio Macri de avanzar en el tratamiento expediente con un articulado más moderado al que proponía el ala más dura del oficialismo años atrás.

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El proyecto contempla bajar la edad de imputabilidad de los 16 años a los 15, para los delitos más graves, y no a 14 como pretendía un sector del Gobierno. Además, fija la pena de prisión máxima para adolescentes mayores a 15 y menores de 18 en los 15 años.

El proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso se había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto. Pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.

Según fuentes oficiales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya le habría dado el visto bueno a Garavano para la edad quede en 15 años.

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La moderación del proyecto facilitaría los acuerdos con sectores de la oposición, y permitiría reemplazar lo previsto por ley 22.278 sancionada en plena la dictadura militar.

La iniciativa contemplaría un criterio de escalas por edad: A los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.

Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos multidisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.

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A través de su cuenta en Twitter, el diputado nacional de la UCR-Cambiemos Luis Petri celebró la decisión del Gobierno de bajar a 15 la edad de imputabilidad.

“La edad de imputabilidad debe fijarse desde el momento en que la persona tiene capacidad para comprender la criminalidad del hecho que comete, de lo contrario olvidamos a las victimas y su necesidad de tener Justicia”, consideró el mendocino.