A pesar de los cuestionamientos de los organismos de Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilitaron la utilización de las armas electrónicas por parte de las fuerzas federales.
El Gobierno planea comprar pistolas cuyo precio por unidad asciende a los U$S3 mil.

El Gobierno autorizó el uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federal, que ahora tendrán vía libre para “abordar situaciones” en las que sea necesaria la utilización de la fuerza pero “sin el empleo de armas de fuego”.

La decisión oficializada hoy en el Boletín Oficial se trata de un ansiado proyecto de la Casa Rosada que tuvo un intento fallido en la Ciudad de Buenos Aires y ahora se podrá utilizar en todo el país, a pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos.

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El principal cuestionamiento a las Taser es que su alegada condición de “arma menos letal” llevará a su uso indiscriminado por parte de las fuerzas policiales y que las Naciones Unidas en 2007 la consideraron como una forma de “tortura”.

En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) advirtió que “el uso de las Taser requiere de dispositivos de salud y de seguimiento y control que hoy ninguna de las policías del país tiene”.

El Gobierno indicó que las armas electrónicas resultan “un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes”, al tiempo que señaló que le brindan a las fuerzas “una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego”.

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En el texto oficial, el Ministerio de Seguridad, conducido por la ministra Patricia Bullrich, indicó que este tipo de armas son empleadas por las fuerzas de seguridad de países como Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia.

El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, explicó lo que hace este tipo de armamento "es a través de un impulso eléctrico inhabilitar los músculos de la persona que durante un minuto y medio o dos, que queda paralizada y de esa manera se lo arresta reduciendo el riesgo que conlleva la utilización de armas de fuego”.

Carlos Pisoni, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, alertó que “está comprobado que estas pistolas causan muertes. “Cuando el que recibe la descarga es una persona que está bajo efecto de drogas o toma una medicación, este efecto es peor", apuntó.

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"Lo mismo con embarazadas. Muchas de las muertes se producen por golpes en la cabeza al caer. Todos estos son elementos a tener en cuenta, porque un policía no pregunta antes de disparar quién tiene un marcapasos”, cerró.