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El Gobierno busca concentrar los aumentos de tarifas en los primeros meses de 2019

NACIONALES. La luz, el agua y el gas subirán entre un 30 y un 50% entre enero y mayo.

En pleno año electoral, el Gobierno buscará aplicar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos en los primeros meses de 2019 para evitar que el malestar que las subas generan en los argentinos influya directamente en los resultados de los comicios.

Conscientes de la incidencia que tendrá el escenario económico durante la campaña, en la Casa Rosada comenzaron a diseñar a contrareloj un cronograma de incrementos y recortes de subsidios para avanzar con los ajustes que faltan dentro del plan oficial.

El servicio de agua y cloacas será uno de los primeros en aumentar, y lo hará en dos tandas: un 17% en enero y un 27% en mayo. Una familia tipo así pasará a pagar $274 mensuales en enero y $348 a partir de mayo, según estimaciones de la empresa Aysa.

La luz, en tanto, se incrementará en febrero, y según informaron fuentes oficiales “acompañará el ritmo de la inflación” registrada entre agosto y febrero. De esta manera el aumento podría ubicarse entre un 26% y un 35% si se tiene en cuenta que el Ministerio de Energía avanzará en nuevos recortes de subsidios a los usuarios, según lo previsto.

El gas, por su parte, aumentará en abril como parte del programa de revisión semestral de tarifas impulsado por el Gobierno y las boletas podrían venir con un alza de entre el 30 y el 35%, debido a que los valores de la producción del sector están dolarizados.

En el caso de las tarifas del transporte la situación no está del todo clara aún, pese a que los dueños de las empresas de colectivos creen que habrá un nuevo incremento. ¿Por qué? Sostienen que las correcciones de los subsidios de 2018 son insuficientes para cubrir los gastos de combustible, por el ritmo con el que escalaron los precios de las naftas.

Al respecto, en el Gobierno intentan no opinar sobre el asunto, pero admiten que deben resolverlo antes de que se avecine la carrera electoral. Sobre todo, porque en el marco del préstamo contraído con el FMI, el organismo sugirió disminuir las subvenciones estatales.

Esto obliga al Gobierno a hacer cálculos y cuentas para cumplir con los parámetros acordados y al mismo tiempo no influir en el ánimo de la sociedad con nuevos aumentos.

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