La subasta pública se realizará el próximo 23 de abril a pesar de la oposición de la mayoría de las familias que invirtieron en el desarrollo inmobiliario y fueron estafadas.
La mole de concreto es conocida como «el Elefante Blanco» de Avellaneda.

El enorme complejo de torres “Estrella del Sur”, esa mole de concreto que se erige a metros de la estación de Avellaneda, parecería tener su destino marcado: el remate. El juez Diego Hernán Papa, titular del Juzgado Comercial Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la liquidación del desarrollo inmobiliario pese a la oposición de la mayoría de los damnificados.

Las obras del megaemprendimiento ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 600 se encuentran paralizadas desde hace más de seis años y con ello el sueño de la casa propia de casi mil familias. Ahora, la incertidumbre se extenderá hasta que se conozcan cuáles serán las intenciones de los nuevos dueños, si finalmente hay una oferta que prospera.

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Según el edicto a través del cual se informó públicamente la subasta, la venta pública se realizará el próximo 23 de abril a las 12.30 en la Sede de la Oficina de Subastas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La base dispuesta será de U$S20 millones.

“El proyecto se compone de cuatro torres de 27 pisos cada una, con un total de 924 departamentos de viviendas multifamiliares (…) en una obra que abarca 100 mil metros cuadrados”, informa el texto. Lo cierto es que al día de hoy solo una de las cuatro torres se encuentra terminada en un 80%, mientras el resto está en un 40%.

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Las personas que invirtieron allí se sienten pesimistas respecto al futuro de las viviendas y lo que pueda ocurrir con el dinero que pusieron. Responsabilizan a todos los que intervinieron en el proyecto y ponen los ojos en el Grupo Bapro por el papel que jugó.

El fiduciario “Provincia Mandatos”, una empresa del Grupo dependiente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pidió la liquidación “generando un daño irreparable a los intereses por los que debía velar”, y lo hizo “de forma inconsulta y violando las decisiones de la asamblea de beneficiarios”, según denuncian los damnificados.

La incógnita ahora está puesta en qué es lo que sucederá una vez que se formalice el remate. La duda está en si el nuevo dueño contemplará o no a los vecinos que aportaron sus ahorros y pusieron desde U$S30 mil hasta U$S100 mil para avanzar en la obra.