El Municipio realizó una inspección a raíz de las quejas recurrentes de los vecinos y determinó que la empresa no «podía seguir atendiendo a los vecinos en estas condiciones».
El momento en el que uno de los inspectores del Municipio ponía la faja de clausura.

A raíz de las reiteradas denuncias de los vecinos, el Municipio de Lanús inspeccionó y clausuró la oficina comercial de la empresa Edesur por distintas irregularidades detectadas en el edificio ubicado a la altura de la avenida Hipólito Yrigoyen al 4600.

El estado de abandono de la sede de la compañía prestadora del servicio de luz es notorio desde hace años, y después de varias visitas, los inspectores del área de control comunal determinaron que “no podía seguir atendiendo a la gente en esas condiciones”.

Leé también:  Vecinos crean un registro histórico audiovisual de Monte Chingolo

Algunas de las irregularidades que constan en el acta de clausura, de acuerdo a lo que informaron desde el Gobierno local, indican que el edificio “no posee salida de emergencia”, ni “alarma contra incendio” y que los baños “son insuficientes”.

El operativo de clausura se realizó este miércoles en medio de un fuerte operativo de seguridad. Móviles de la Policía bonaerense y personal de Infantería se apostaron en la entrada. Los vecinos consultaban qué es lo que ocurría y miraban incrédulos la escena.

Mientras esto sucedía el Centro de Atención Vecinal del Municipio no tenía luz, los semáforos de Hipólito Yrigoyen al 3800 no funcionaban y algunos barrios de la zona oeste de la ciudad no contaban con suministro eléctrico.

Leé también:  Se quiso suicidar por no tener trabajo y lo salvó la Policía

Desde el Municipio recordaron que, a principios de 2016, el intendente Néstor Grindetti presentó una demanda colectiva contra Edesur acompañada por las firmas de cientos de vecinos que ratificaban los reiterados incumplimientos por parte de la empresa.

En julio llegó el fallo de la Justicia que obligó a la empresa a pagar $200 mil por cada día de Corte. Edesur apeló y ese fallo fue ganado por la Comuna en segunda instancia.

En 2017, el caso lo tomó la Suprema Corte y ese mismo año se dio la tragedia en barrio Acuba, donde murieron cuatro chicos incendiados a causa de una falla eléctrica.