El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, confirmó los alcances de la causa e invitó a los involucrados a acercarse a declarar y aportar pruebas.
El juez emitió este martes su resolución en respuesta a un pedido de la Cámara Federal de La Plata.
El juez emitió este martes su resolución en respuesta a un pedido de la Cámara Federal de La Plata.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, confirmó que la diputada Elisa Carrió y otras dos dirigentes de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, fueron querelladas en el marco de la causa por extorsión y espionaje ilegal que investiga el funcionamiento de la red que integraba el falso abogado Marcelo D'Alessio.

En una resolución emitida hoy, en respuesta a un pedido de la Cámara Federal de Mar del Plata, el juez confirmó el alcance que tiene la causa y notificó a los abogados de los involucrados a presentarse espontáneamente para declarar o presentar pruebas. Recordó que se investigan 31 operaciones de inteligencia contra empresarios, fiscales y políticos.

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Al mismo tiempo aseguró que en este entramado “aparecen involucradas muchas otras personas –algunos de ellos funcionarios públicos-, a quienes –al igual que los imputados y querellados formalmente- debe garantizársele la posibilidad de realizar las aclaraciones que estimen pertinentes, indicar pruebas que a su juicio, puedan ser útiles, designar abogado y en definitiva ejercer del modo más amplió sus derechos”.

“No se trata de un simple grupo de estafadores o extorsionadores que buscaban rédito económico aprovechándose de sus contactos con actores desprevenidos o ingenuos", sino que "se estaría frente a un grupo de personas que llevó adelante acciones que afectan instituciones de nuestro sistema democrático", advirtió el juez.

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De esta manera, el magistrado les notificó del derecho que les corresponde a los querellados, aunque no los citó formalmente a declaración indagatoria.

Se trata de un paso previo para ejercer el derecho de defensa.

La denuncia contra las dirigentes de la CC fue realizada por el ex embajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés, el 28 de marzo último. “Tengo sobrados motivos para asegurar que realizaron tareas de espionaje político sobre mi persona”, afirmó Valdés por Twitter, donde dio cuenta de su presentación ante el juzgado federal de Dolores.

La denuncia es por violación a la ley de Inteligencia, violación de secreto, encubrimiento agravado, calumnias y falsa denuncia.