Especialistas señalaron que persiste en el país una política de criminalización que genera sobrepoblación, falta de acceso a la salud, alimentación y malos tratos en unidades penales.
Se cumplieron diez años del fallo que apunta a la no punibilidad del uso de estupefacientes en forma personal y privada.

Especialistas y organizaciones humanitarias advirtieron sobre el incumplimiento de la llamada "Ley Arriola" y señalaron que eso genera sobrepoblación, emergencia carcelaria, falta de acceso a la salud, alimentación y malos tratos en unidades penales. Este martes se cumplieron diez años del fallo de la Corte Suprema que apunta a la no punibilidad del uso de estupefacientes en forma personal y privada.

Los especialistas que debatieron sobre el tema en el salón Atrios del Congreso de la Nación señalaron que, a pesar del fallo, persiste en el país una política que tiende fuertemente a la criminalización de las personas usuarias de drogas, pese a que la jurisprudencia de la sentencia fue incorporada al nuevo Código Penal.

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Sergio Balardini, de la Fundación Friedrich Ebert, sostuvo que gracias al fallo Arriola se pueden profundizar debates para “tener una legislación que sea más contemplativa y benéfica que no castigue a los usuarios”, y destacó la necesidad de no sancionar la tenencia y el cultivo personal porque eso solo genera un "lucrativo mercado ilegal".

El procurador adjunto interino de la Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, habló sobre el incremento -durante estos diez años- de la detención de hombres y mujeres por delitos de droga, y destacó que "preocupa el aumento de encarcelamiento mujeres y trans". "El incumplimiento del fallo Arriola genera sobrepoblación, hoy estamos con más de 14.500 presos solo en cárceles federales", remarcó Meliare.

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El Senado también es sede de un encuentro integrado por nueve paneles y especialistas en distintas áreas. Entre muchos otros, disertarán diputados y senadores de distintos bloques partidarios, médicos y periodistas. El cierre estará a cargo de un panel con referentes de Derechos Humanos encabezado por Nora Cortiñas.