El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Héctor Acuña, dijo que "hubo una intencionalidad manifiesta del poder político de entrometerse en el Poder Judicial", al cuestionar la injerencia del gobierno de Antonio Bonfatti en una causa en la que se investiga el asesinato de un presunto narco y su pareja.

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"El gobierno (de Santa Fe) debe explicar cuál era la urgencia que tenía para peritar una prueba antes que la Justicia", dijo Acuña en declaraciones a Télam.

El legislador se refirió así a la polémica que se desató cuando la jueza de instrucción Alejandra Rodenas, que investiga el doble crimen del presunto narco Luis Roberto Medina (43) y su pareja, Justina Pérez Castelli (23), advirtió que una notebook y un celular de la víctima estaban en manos del área de Tecnología del gobierno santafesino, y decidió que volviera al Poder Judicial.

"No hubo una solicitud de colaboración del Poder Judicial al poder político, sino que hubo una presentación de dos funcionarios políticos enviados por el ministro de Seguridad (Raúl Lamberto) a peritar la maquina", señaló hoy Acuña.

El legislador encabezó esta mañana una reunión de la comisión de Seguridad de Diputados en la sede Rosario de la Cámara baja, donde mostró el acta policial del 29 de diciembre, día del doble crimen, que señala que dos funcionarios políticos se presentaron para "desbloquear" la computadora de Medina y realizar una pericia.

El gobierno de Bonfatti se defendió de la acusación de injerencia al asegurar que la decisión de enviar los elementos tecnológicos a una subsecretaría del gobierno fue tomada por la justicia.

Sin embargo, la jueza que intervino en un primer momento en el caso, Raquel Cosgaya, dijo públicamente días atrás que ella no había ordenado enviar la notebook y el celular de Medina a la Secretaría de Tecnología santafesina.

"Lo llamativo acá es que no hubo una solicitud de colaboración del Poder Judicial al poder político sino que hubo una intencionalidad manifiesta del poder político de entrometerse en el Poder Judicial a auditar o peritar una prueba antes que la justicia disponga lo contrario", agregó.

En esa línea, dijo además que "no se condicen la premura o urgencia del gobierno con el tiempo que después de manera legitima y razonable se toma la justicia para peritar la prueba".

La jueza Rodenas ordenó ayer que la notebook y el celular de Medina sean sometidos a pericia por la Gendarmería nacional, y envió ambos elementos a la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

Luis Roberto Medina fue asesinado de 17 balazos el 29 de diciembre a la mañana cuando conducía un Citroen CS3 junto a su pareja, la modelo Pérez Castelli, en un acceso de Rosario.

Según la investigación, un automóvil se puso a la par del vehículo que conducía Medina y comenzó a disparar.

La autopsia determinó que el cuerpo del presunto narco tenía tres disparos en el costado izquierdo, mientras que otros 14 le impactaron en la espalda a modo de "remate", explicó la jueza Rodenas.

Medina estaba sindicado como uno de los mayores proveedores de estupefacientes en "kioscos" de la zona norte y noroeste de Rosario, aunque sólo poseía un antecedente por narcotráfico de 1999, en una causa en la que resultó absuelto.