La decisión, de carácter cautelar, fue adoptada por Asuntos Internos, mientras se investiga qué fue lo que sucedió la noche el 15 de noviembre en la que murieron nueve detenidos.
Es la primera medida oficial que toma el Ministerio de Seguridad de la provincia.

La Auditoría de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires decidió desafectar a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría 3º de Esteban Echeverría la noche del 15 de noviembre en la que murieron nueve detenidos durante un incendio.

Casi un mes tuvo que pasar para que el ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo, tome la primera medida ante la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas. La decisión se produjo en el marco de una investigación sumarial que busca establecer las responsabilidades de lo sucedido y cuál fue la conducta de los agentes.

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La medida, de carácter cautelar (es decir, no implica la expulsión de los policías de la fuerza), alcanza al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco.

“Esta resolución significa un avance importante que pone a la actuación policial en el centro del debate sobre las responsabilidades por los hechos ocurridos esa madrugada”, subrayaron desde la Comisión Provincial por la Memoria.

El organismo de derechos humanos, que representa a los familiares de las víctimas, había denunciado que los oficiales, ahora licenciados, mientras los detenidos solicitaban auxilio, se burlaban gritándoles: “Van a morir como las ratas que son”.

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La investigación, además, abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba la comisaría 3º que, a pesar de haber sido clausurada por la justicia, seguía alojando detenidos.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

El caso reabrió el debate sobre los presos alojados en comisarías. Según estadísticas oficiales, en la provincia de Buenos Aires hay 3.910 detenidos en dependencias que no cumplen con las condiciones básicas para alojar personas. La superpoblación alcanza al 290 %.

Según el informe anual de la CPM, que realiza un relevamiento anual de los lugares de encierro, “hay 252 comisarías inhabilitadas en la Provincia (el 55% del total), de las cuales 109 siguen siendo utilizadas”. Además denuncian que -entre 2016 y 2018- murieron 56 presos en comisarías.

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