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Un testimonio para entender la responsabilidad de los empresarios en la dictadura

OCTAVA AUDIENCIA. El juicio del Pozo de Banfield continuará el próximo martes con la exposición de la docente, investigadora e historiadora Victoria Basualdo.

Basualdo en la presentación de Responsabilidad empresarial

Basualdo en la presentación de "Responsabilidad empresarial".

Con el testimonio de la docente, investigadora e historiadora de Victoria Basualdo continuará el próximo martes el juicio en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que juzga a 18 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Avellaneda.

Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico escucharán a la profesora de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales dar cuenta del rol y la responsabilidad que tuvo el empresariado en el proceso represivo que se desarrolló desde 1976 a 193 en la Argentina y repasar su incidencia en algunos casos de la causa.

Basualdo declarará de manera virtual en calidad de "testigo de contexto", según le informaron fuentes judiciales a La Unión, después de ser convocada por la querella de Liga Argentina de los Derechos Humanos y de la Unión de los Derechos Humanos de La Plata. Su participación echará luz sobre un capítulo de la historia que no suele ser abordado.

La investigadora, doctorada en la Universidad de Columbia, es una de las coordinadoras del libro "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de estado" elaborado por un equipo de FLACSO, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos.

Si bien el estudio reveló un listado de 200 empresas en las que hubo represión, persecuciones y cooperación con la dictadura, el trabajo se centra especialmente en un universo de 25 firmas, dedicadas a diferentes actividades y localizadas en distintas regiones del país.

Desde Minera El Aguilar, La Veloz del Norte y el Ingenio Ledesma, hasta las del grupo Techint, Bunge y Born, Acindar, Astarsa y Mestrina, tres automotrices y la Nueva Provincia. Casi todas, investigadas por el Poder Judicial, con distintos tipos de alcance en las respectivas causas.

En algunos "patrones de recurrencia" que se encontraron data que en 88% de las empresas hubo secuestros o despedidos; 76% entregó información privada de los trabajadores; 72% tuvo presencia de actividad militar, control y amedrentamiento y en el 52% de las firmas hubo presencia de cuadros empresariales en la detención, secuestro y tortura de los trabajadores.

"En este sentido evidencian las distintas formas de combinación de prácticas empresariales y militares del terrorismo de estado que tuvieron como víctimas a los trabajadores", apuntan sus realizadores.

La audiencia podrá seguirse en vivo por diversas plataformas, entre ellas en canal de YouTube del Poder Judicial, en el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y en el sitio web de La Retaguardia

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