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El Gobierno subejecutó más de $30 mil millones en salud, educación y ciencia

La cara brutal del ajuste. Los datos surgen del análisis de documentos del Ministerio de Hacienda que realizó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.

En 2018 el Gobierno de Mauricio Macri subejecutó más de $30 mil millones en programas de salud, educación y ciencia, según advirtió un informe publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).

El dato surge del análisis de documentos del Ministerio de Hacienda y que muestran en detalle cómo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el Poder Ejecutivo avanzó con recortes en áreas sensibles dentro del plan de ajuste.

Según lo devengado, la Nación aplicó recortes del 17,8% en salud, 22,4% en educación, 23,5% en promoción y asistencia social, 31,8% en ciencia y técnica y 54,7% en trabajo, mientras hubo un incremento del 13,1% en servicios de deuda, precisa el estudio.

Programas para la mujer, de educación sexual, de salud reproductiva, la investigación, entre otros, presentan subejecuciones manifiestas, que en algunos casos llegan hasta un 41,5%, afirman los especialistas del grupo coordinado por Patricia Doménech.

“Tras el regreso al FMI, la estrategia ‘gradualista’ de reducción del gasto público debió acelerarse como forma de converger en un menor tiempo al superávit fiscal primario para pagar los intereses de la deuda, algo que no está claro que tenga altas probabilidades de suceder sin antes incurrir en un default de la deuda”, indicaron.

“A contramano de las prescripciones del Fondo, más ajuste en Argentina implica menos actividad económica, menos recursos y, por ende, menos posibilidad de repago de la deuda externa”, advierte el documento ligado a la Licenciatura en Economía de la Undav.

Por otra parte, el informe revela que los fondos ejecutados en programas de industria cayeron 57% respecto a 2015 y se prevé una nueva caída para el año en curso.

“La ejecución presupuestaria de 2018 evidencia que el sector industrial no ha sido una de las prioridades de la gestión de gobierno. De los $10.833 millones vigentes en el presupuesto, solo se devengaron $7.695 millones. Así, se ejecutaron el 71% de los fondos destinados para el sector. Una subejecución de casi 30 puntos porcentuales”

El impacto de estas decisiones políticas no solo tiene consecuencias en la población en general sino que representa “un retroceso significativo para la industria local”, según el Observatorio de la Undav, ya que “impide el crecimiento y desarrollo de la economía

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