golpe a las instituciones democráticas La gestión de Milei modificó una resolución para poder auditar las casas de altos estudios nacionales en el plan de crear argumentos para desfinanciarlas.
El Gobierno avanzó con la auditoría a las universidades públicas, pero no a través de la Auditoría General de la Nación (AGN) según la Ley de Educación Superior sino al modificar una resolución del ex procurador de la nación, Carlos Zannini, y permitir que el organismo que audite sea la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La SIGEN depende de Presidencia y en 2022 Zannini limitó su alcance para que no intervenga en el control de las casas de estudio. Quien firmó la resolución fue el actual Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
Entre las fundamentaciones, el Procurador informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Pública Nacional N° 24.156 y de aplicación a las Universidades Nacionales "sin contradecir ni vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa- financiera que les reconoce la Constitucional Nacional, reglamentada a través de la Ley de Educación Superior 24.521".
La Universidad de Buenos Aires desmintió al Gobierno en varias oportunidades respecto a que las instituciones de educación superior no son auditadas.
En un hilo en X, la cuenta oficial de la UBA afirmó que existen auditorías internas cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados, además el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos por parte de la UBA y dos veces por año, la Universidad le remite al Ministerio de Economía (Contaduría General de la Nación) sus estados contables y cuadros de cierre, con la totalidad de los recursos y erogaciones del periodo.
La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.