derechos humanos La organización Amnistía Internacional instó a la OEA a tomar "medidas urgentes para asegurar los derechos a la libertad de expresión y a la protesta".
Una de las organizaciones de referencia respecto a la defensa de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional (AI), rechazó "el posicionamiento regresivo en consensos históricos en materia de género, medio ambiente y defensores de derechos humanos tomado por el Estado argentino en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA)", al tiempo que condenó las detenciones de 33 personas en las recientes protestas contra la ley Bases y la violencia mediante el uso de redes sociales contra periodistas, sobre todo mujeres.
En un comunicado, la entidad se refirió a diferentes posturas que la embajadora de la Argentina ante la OEA, Sonia Cavallo, hizo la semana pasada en una reunión ordinaria del Consejo Permanente del organismo, preparatoria de la Asamblea General que delibera por estas horas en Asunción, Paraguay.
"Es urgente que Argentina revea esta postura que derriba acuerdos básicos sostenidos durante los últimos años como lo es el rechazo absoluto a la violencia de género", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
"Esta semana hemos asistido a una preocupante marcha atrás en la política exterior nacional, ya que estos antecedentes se suman al anuncio de la Cancillería de suspender la participación en eventos ligados a la Agenda 2030 de la ONU, un consenso para fortalecer la paz y la justicia suscrita por todos sus Estados miembros en 2015", añadió la dirigente.
Amnistía Internacional envió una carta abierta a la sesión ordinaria para reclamar que la Asamblea General "tome medidas urgentes para asegurar los derechos a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y a la participación en los asuntos públicos de todas las personas".
Añadió que "el hemisferio americano sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos", y que "Estados y actores no estatales utilizan diversas herramientas, tales como el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización, la desaparición y el homicidio, para impedir que activistas de derechos humanos lleven a cabo su legítima y necesaria labor en distintos países, incluyendo Argentina". "Del mismo modo, han recrudecido las violencias contra personas defensoras del derecho al aborto, tanto en la región en general como en Argentina, en particular", puntualizó.