"No tendremos justicia con esta mujer" Ubeira y Aldazabal, abogados de Cristina Kirchner, plantearon una nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia.
Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvieron a reclamar ante la Cámara Federal porteña que la jueza María Eugenia Capuchetti sea apartada de la investigación por el atentado contra su vida y remarcaron que la magistrada "recibe un estipendio" de un organismo que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP).
"No tendremos justicia con esta mujer", aseguró el abogado José Manuel Ubeira -uno de los dos que representan a la querella- tras sostener que la magistrada no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.
Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esta causa: antes había ocurrido otra en la cual se discutió el alcance de una medida dispuesta en la investigación.
"Ser investigador no es lo mismo que ser docente", afirmó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada que no le estaría permitida; y luego profundizó: "La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir $75 mil por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo".
Antes de que interviniera Ubeira expuso del abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP "no es una universidad" sino un "lugar de elaboración de políticas públicas". "Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando.
Y agregó: "Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación, es una violación inédita a la independencia de poderes", sostuvo Aldazabal.