Múltiples detenciones Tras una larga investigación, la Justicia dispuso de 26 allanamientos en diferentes barrios del Conurbano. Cómo fueron detenidos y cuál era su modus operandi.
La última semana se llevó a cabo un enorme operativo policial en el marco de una causa que investigaba a una banda de abogados acusados de estafar a compañías de seguro: se realizaron 26 allanamientos en diferentes puntos del Conurbano Bonaerense, donde se detuvo a trece personas.
Fuentes judiciales informaron a La Unión que cuatro fuerzas fueron las que trabajaron en conjunto para realizar los operativos: Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La causa investiga a varias organizaciones que desde hace algunos años se dedicarían a cometer defraudaciones, falsas denuncias, falsificaciones y adulteraciones de documentación, entre otros delitos, integradas por abogados, por otras personas denominadas en la jerga como "punteros" y por otros miembros.
Estas asociaciones ilíticitas tendrían varias actividades, entre las que se encuentran realizar "maniobras ilícitas ante los estrados judiciales a través de interposiciones de demandas que versarían sobre hechos que no habrían tenido ocurrencia, hechos que habrían existido pero que habrían sido adulterados o que se apoyarían en circunstancias falsas, con el fin de inducir a la autoridad jurisdiccional en error mediante falsos testimonios, falsos peritajes, forzadas o desproporcionadas conclusiones periciales y otros latrocinios".
Las víctimas de estos delitos son compañías de seguro, entre las cuales se encuentran, entre otras, Caja Seguros S.A., Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., Seguros Sura (ex Royal & Sun Allience), Seguros Argentina S.A. y Compañía de Seguros La Mercantil S.A.
CÓMO OPERABAN
Estas organizaciones criminales operarían mediante un sistema de distribución de roles (jefes, organizadores "punteros", y miembros de las asociaciones ilícitas), y tendrían el epicentro en distintos estudios jurídicos de las zonas de Lomas, Lanús, Avellaneda y Burzaco.
La hipótesis de los fiscales apuntan a que los involucrados serían "los abogados de los estudios jurídicos, quien resultarían ser los encargados de la toma de decisiones centrales de las maniobras ilícitas y de la distribución de los roles de los restantes integrantes en la estructura criminal".
"Tal el caso de los denominados "punteros", quienes, además de cumplir con las tareas encomendadas por los jefes, serían aquellos encargados de organizar las maniobras delictivas", destacan las fuentes, que precisaron que estas acciones serían defraudaciones, falsificaciones, adulteraciones de documentación y/o falsas denuncias.
LA INVESTIGACIÓN
La intervención originaria estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, donde se radicó inicialmente, para luego pasar a la Unidad de Coordinación para Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General del mismo departamento, a cargo de Sebastián Scalera y Pablo Rossi.
Según se detalló, durante la investigación (que duró más de un año) se practicaron "intervenciones telefónicas de diversos abonados", a través de las cuales "se logró determinar que las maniobras ilícitas se llevarían a cabo, ante los estrados judiciales de ese departamento judicial, a través de interposiciones de demandas que versarían sobre hechos que no tuvieron ocurrencia".
LAS DETENCIONES
Esta última semana se llevaron a cabo 26 allanamientos, que incluyeron domicilios particulares (16) y estudios jurídicos (10) en las localidades de Lomas,Banfield, Avellaneda, Lanús, Burzaco, Llavallol, Guernica y Canning. Allí se hicieron efectivas 13 detenciones.
Además, se secuestraron elementos de interés para la investigación, tales como documentación que darían cuenta de aquellos reclamos, que reforzarían la hipótesis criminal relativa a la existencia de diferentes organizaciones, y a sus integrantes, dedicadas a las defraudaciones a compañías aseguradoras.
También computadoras, y discos rígidos de las computadoras existentes en los estudios jurídicos y en algunos domicilios particulares, "que serán objeto de pericias a fin de determinar si en ellos obran datos de interés para la investigación". Finalmente, se incautaron teléfonos celulares y todo otro soporte digital que pudieran contener datos útiles para la pesquisa.