REGIÓN Familiares de las víctimas de la Masacre de la Comisaría Nº3 de Transradio y representantes de organizaciones políticas del Distrito mantuvieron un encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
Familiares de las víctimas de la Masacre de la Comisaría Nº3 de Transradio mantuvieron un encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para dialogar sobre la causa que, según denuncian, “se encuentra totalmente paralizada” y plantear la necesidad de crear una Secretaría de Derechos Humanos en el Municipio.
Los allegados de los diez presos que perdieron la vida durante el incendio de la Comisaría de Transradio pretenden que la dependencia policial deje de funcionar en ese lugar y allí se cree un “sitio de memoria” que recuerde lo ocurrido el 15 de noviembre de 2018.
“Allí podrían abrir las oficinas de la secretaría de DD.HH”, deslizó Matilde Rojas, madre de Elías Soto, uno de los fallecidos, en diálogo con La Unión.
A través de las redes sociales, los familiares recordaron que el área “funcionó hasta noviembre de 2015” y destacaron que “desconocen” las causas de su disolución.
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El pedido es acompañado por organizaciones políticas y sociales, como La Cámpora, el Movimiento Evita, Peronismo Militante, Accion Feminista y el Colectivo de Educación.
La intención si no se crea en el lugar donde hoy todavía funciona la Comisaría Nº 3, es que se haga en otro lado. “Lo importante es que exista ese espacio”, explicó Rojas.
Pietragalla, según confiaron los familiares, se comprometió a acercarse al Distrito y a “continuar trabajando para generar políticas públicas contra la violencia institucional”, según precisó el funcionario a través de su cuenta personal de Twitter y Facebook.
LA CAUSA. Como vienen denunciando desde hace tiempo, los familiares denuncian que la causa está “paralizada” y que el fiscal de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº4 de Esteban Echeverría, Fernando Semisa, “no hizo otra cosa que avanzar especialmente en una línea de investigación”: la que busca culpabilizar a los presos sobre lo sucedido.
A más 460 días del hecho no hay detenidos ni culpables por el hecho y los policías que se desempeñaban en la dependencia solo fueron removidos y permanecen en libertad. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) insisten que se investiguen las responsabilidades de las autoridades policiales y los funcionarios políticos a cargo.
Rojas señaló que lo último que se enteraron es que Semisa “citó a Ritondo a declarar”, pero que el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aún no lo hizo. “Aparentemente esto iba a ocurrir después de la feria judicial, pero no sabemos nada”, acotó.
Si bien el fiscal citó a fines del año pasado a una veintena de policías –varios de alto rango- para conocer cómo funciona el sistema a partir del cual se asignan los cupos en las comisarías y la compra de colchones. Hasta ahora solo declararon los responsables de las áreas administrativas. Quienes están en la línea de toma de decisiones faltaron sin justificación.
Desde el principio la CPM, que representa a las familias de las víctimas, denunció que la Comisaría de Transradio contaba con seis órdenes judiciales de clausura, entre 2011 y 2018, y una orden ministerial por incumplir las condiciones básicas de habitabilidad.
En un informe que publicó a mediados de 2019 da cuenta de las responsabilidad del Estado en la masacre y el rol que tuvieron los Policías durante el tiempo en el que transcurrió todo.
Un testimonio de uno de los sobrevivientes es revelador: “Te quemaba todo lo que tocabas, las paredes, todo. El aire te quemaba. Todos gritando, todos pidiendo auxilio. Nadie tiró agua después de 20 minutos que estuvimos ahí quemándonos”.
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