La presidenta de Acumar, Dorina Bonetti, se presentó en la Corte Suprema de Justicia por la causa Riachuelo y aseguró que, a 10 años del fallo histórico que ordenó la recomposición ambiental de la cuenca, “resulta imposible establecer una fecha precisa para el cumplimiento total de la sentencia”.

La Corte apunta a la inoperancia de Acumar.

“Dar una fecha precisa es imposible, porque depende del avance de las grandes obras que se hacen a nivel del Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires”, dijo Bonetti durante su exposición en la audiencia pública, a la que también fueron convocados funcionarios y organismos de control para exponer sobre los avances en la materia.

El juez Juan Carlos Maqueda recordó que el plan de urbanización de villas y asentamientos precarios de la cuenca Matanza-Riachuelo firmado en 2010 “se proponía alcanzar 17.771 soluciones habitacionales, pero a diciembre de 2017 sólo se terminaron 3.882 viviendas, es decir, el 22%”. Al respecto, Bonetti reconoció que se trata de “uno de los problemas más graves”, pero advirtió que se debe a que “se construyeron complejos habitacionales sin tener en cuenta las características del predio”. “No se pudo avanzar porque no se pueden entregar viviendas que no tienen servicios básicos garantizados y hubo que revisar varios proyectos”, afirmó.

Por su parte, un representante del Cuerpo Colegiado de organizaciones que, por disposición de la Corte Suprema, controla que se cumplan las mandas del máximo tribunal de la Nación relativos al saneamiento de la cuenca, dijo que “Acumar no cumple con el fallo de 2008 ni con los que vinieron después” y que “su inoperancia agrava el daño a la salud pública”.
“Acumar no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas y convalidó legislaciones permisivas respecto al vertido de líquidos contaminantes, ya que sólo estableció límites en la cantidad que se puede descargar sin tener en cuenta la toxicidad de los líquidos”, argumentó.