El gobierno español del conservador Mariano Rajoy dejó en claro hoy que no permitirá que el independentista Carles Puigdemont sea investido jefe del Ejecutivo de Cataluña de forma telemática y advirtió que, si lo intenta, apelará ante la Justicia “sin vacilación”.


Así lo advirtió el vocero gubernamental Íñigo Méndez de Vigo en medio de la polémica levantada por la propuesta de Puigdemont, que quiere recuperar su antiguo cargo vía Skype desde Bélgica, donde se encuentra desde fines de octubre para evitar ser detenido en España.

“Es una pretensión que es una falacia, es irrealizable y va contra los textos jurídicos y sobre todo contra el sentido común”, aseguró el portavoz del gobierno de Rajoy en una rueda de prensa en Madrid.

Los independentistas catalanes ganaron las elecciones celebradas en la región el pasado 21 de diciembre, pero tienen problemas para investir a su principal candidato a presidente regional, Puigdemont.

El reglamento del Parlamento catalán, donde se vota la investidura, no contempla que ésta se materialice a distancia y exige la presencia física del candidato, que debe exponer su programa de gobierno, informó la agencia de noticias DPA.

Pero si Puigdemont entra en España, será inmediatamente arrestado en virtud de la orden de detención que pesa sobre él. Junto al resto de los ex miembros de su gobierno está siendo investigado por rebelión y sedición en relación con su proceso independentista.

Desde la formación del líder catalán, Junts per Catalunya, aseguraron hoy que “no hay nada que impida” una investidura a distancia y que la aplicación del reglamento del Parlamento está en manos de su órgano de gobierno, que se constituirá el 17 de enero.

“Estamos convencidos de que Puigdemont será el presidente de todos los catalanes”, aseguró en Bruselas la jefa de campaña del grupo, Elsa Artadi, en declaraciones reproducidas por el diario El País.

El martes, Puigdemont cerró en la capital belga un acuerdo con el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con el que gobernó de forma conjunta entre 2016 y 2017, para que el órgano de gobierno del Parlamento tenga mayoría independentista y para facilitar que Puigdemont se ponga al frente del Ejecutivo regional.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado también por los planes independentistas, constituía hasta ahora un posible “plan B” para su partido en caso de que Puigdemont no lograra reeditar su cargo.

Pero la decisión de la Justicia de denegar su excarcelación puntual para asistir a las sesiones del Parlamento, incluida la de investidura, truncó hoy esa alternativa. Tanto él como otros dos diputados electos encarcelados por el proceso separatista podrán delegar su voto pero no acudir físicamente a la Cámara catalana.

El debate sobre una hipotética investidura telemática en Cataluña tiene lugar en una semana en la que varios políticos separatistas dieron un paso a un lado en la región: la ex presidenta del Parlamento regional Carme Forcadell anunció que no repetirá en el cargo y el ex jefe del gobierno catalán Artur Mas abandonó la presidencia de su formación, el Partido Demócrata Europeo Catalán.

Casi tres meses después de ser destituido por Madrid, Puigdemont difundió hoy una nueva web sobre el gobierno catalán que los separatistas consideran “legítimo”, paralela a la oficial.
El portal digital governrepublica.org explica que una asociación de juristas dará “cobertura legal” a la “Oficina del gobierno legítimo de Cataluña, la información oficial del presidente, vicepresidente y consejeros elegidos democráticamente en las urnas” en las elecciones de 2015.

Mientras tanto, una encuesta mostró hoy el posible desgaste del Partido Popular(PP) de Mariano Rajoy a raíz de la crisis catalana.

El sondeo, publicado por el diario español El País, sitúa por primera vez al partido liberal Ciudadanos como el más votado en España por delante del PP y del Partido Socialista (PSOE).